El grupo provincial del Partido Socialista en la Deputación de Pontevedra ofreció este jueves una rueda de prensa en la que su portavoz, Ana Laura Iglesias, expresó la creciente preocupación por las irregularidades que, según denunciaron, se están cometiendo desde el gobierno provincial, especialmente en el área de personal.
Iglesias subrayó que, desde la llegada del Partido Popular al gobierno hace casi tres años, el PSOE se temía el retorno a prácticas cuestionables como las que, según dijo, habían marcado la gestión de esta institución durante las décadas en que gobernó el PP.
Entre las acusaciones más graves destacan "purgas, colocaciones a dedo, alteraciones de procesos selectivos, incumplimientos de la normativa o contrataciones, cuando menos, escandalosas", aseguró.
La portavoz socialista denunció que estas acciones se realizan abiertamente, "no se esconden porque deben pensar que, de nuevo, con ellos en el poder todo vale y que son impunes" dentro de la Deputación, donde "es un clamor lo que está pasando".
Uno de los casos señalados por el grupo socialista es la "persecución" del secretario provincial, Carlos Cuadrado, funcionario de mayor rango y responsable de velar por la legalidad en la institución.
Según manifestó Ana Laura Iglesias, tras presentar reiteradamente escritos ante el presidente Luis López alertando sobre irregularidades en los procesos selectivos, Cuadrado vio denegada la prórroga de su plaza, una medida usual hasta ahora y que coincidió con sus denuncias internas. El PSOE considera esta actuación una "represalia directa" y ha remitido toda la documentación disponible a la Fiscalía para que se investigue la posible comisión de un delito de tráfico de influencias.
Paralelamente, el secretario ha interpuesto una demanda judicial contra la Deputación, reclamando más de 125.000 euros, cuestión sobre la cual los socialistas preguntan si el presidente de la administración provincial Luis López asumirá personalmente esa responsabilidad económica.
Otra denuncia del PSOE se centra en el nombramiento de Monserrat Otero como directora de la Asesoría Jurídica. Otero, coordinadora del régimen interno del Gabinete de Presidencia y esposa del gerente provincial del Partido Popular, ha visto incrementado su salario anual de 40.000 a 72.000 euros en apenas tres años, tras una serie de maniobras administrativas que modificaron y mejoraron su plaza laboral de forma significativa. Los socialistas califican este ascenso de "escandalo" y de claro favoritismo partidista.
Por último, el PSOE criticó el nombramiento político de Agustín Reguera, exalcalde de Soutomaior y exdelegado territorial de la Xunta en Pontevedra, para un puesto creado ad hoc mediante la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que incrementa el coste salarial en más de 17.000 euros anuales.
Según denuncian los socialistas, este nombramiento, aprobado inicialmente el 2 de junio y formalizado el 3 de junio, incumplió el período legal de información pública de 15 días hábiles, saltándose así garantías administrativas esenciales y vulnerando los derechos de control de la oposición y ciudadanía. Por ello, el grupo socialista presentó alegaciones solicitando la paralización cautelar de los efectos administrativos y económicos del nombramiento y la revisión del proceso completo.
Ana Laura Iglesias concluyó advirtiendo al presidente Luis López y al gobierno del Partido Popular que no permitirán que se gobierne mediante hechos consumados que ignoran los procedimientos legales y el control democrático.
La ciudadanía, afirmó, está "harta de una forma de gobernar que antepone los intereses políticos del gobierno del Partido Popular de la Deputación por encima del respeto por las normas y por el dinero público", y exigió un cumplimiento riguroso de la legalidad en todos los nombramientos y actuaciones administrativas.
El gobierno de la Deputación defiende la legalidad
El gobierno de la Deputación de Pontevedra salió al paso de las críticas formuladas por el grupo provincial del PSOE sobre diversas incorporaciones y cambios de personal en la institución, asegurando que todas las actuaciones realizadas durante el actual mandato se ajustaron a la normativa vigente y se desarrollaron con "luz y taquígrafos".
En un comunicado, el ejecutivo provincial sostiene que el propio grupo socialista reconoció que los procedimientos se llevaron a cabo con transparencia. Asimismo, defiende que la decisión de no prorrogar las funciones del anterior secretario de la Deputación responde a una medida "legítima y justificada", de carácter excepcional, enmarcada en la adaptación de la estructura de personal al nuevo contexto digital.
En relación con la incorporación de Agustín Reguera al gabinete de la Presidencia, el gobierno provincial recuerda que se trata de una incorporación ordinaria derivada de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada en su momento con la abstención del grupo socialista.
Respecto al nombramiento de la jefa del Servicio de Asesoría Jurídica, la Deputación asegura que la plaza fue cubierta conforme a los procedimientos establecidos y en iguales condiciones retributivas que el resto de las jefaturas de servicio de la institución.
El ejecutivo provincial también respondió a las declaraciones de la portavoz socialista sobre este último nombramiento, que califica de "lamentables ataques machistas" contra una funcionaria de la casa. En este sentido, insta a la representante del PSOE a pedir disculpas en el próximo pleno provincial.
En su respuesta, el gobierno provincial contrapone su actuación a la de anteriores etapas de gobierno, haciendo referencia al denominado "caso cuñada" y a la presencia de Leire Díez en la institución, para afirmar que la actual dirección de la Deputación se desmarca de las "políticas de crispación y fango" y reafirma su compromiso con la transparencia y el rigor en la gestión pública.