El Partido Socialista ha denunciado públicamente la decisión del presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, de denegar la prórroga en el servicio al secretario general de la institución, Carlos Cuadrado.
Según la formación, la resolución, firmada el pasado 8 de abril, responde a una "represalia" por los informes en los que el secretario alertaba de "gravísimas irregularidades y vicios de nulidad" en los procesos selectivos de personal de la Deputación impulsados por el actual gobierno provincial del Partido Popular.
"Es el propio Luis López quien ejecuta esta venganza contra el alto funcionario que alerta de estas ilegalidades", señala el PSOE.
La portavoz del grupo provincial socialista, Ana Laura Iglesias, sostiene que "la Deputación, en su obsesión por enchufar y promocionar a sus afines no duda en quebrantar los más elementales principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público".
De acuerdo con la versión socialista, Cuadrado que es un funcionario de habilitación nacional y con más de cuatro décadas de trayectoria, había obtenido sin incidencias prórrogas en su servicio tras cumplir los 65 años en 2024 y 2025.
El PSOE subraya además que no consta ningún expediente disciplinario en su historial y que existe un acuerdo con los sindicatos para extender la actividad de aquellos funcionarios que cuenten con informes médicos favorables, condición que, aseguran, sí se ha aplicado recientemente a otros empleados públicos en situación similar.
El origen del conflicto, según el PSOE, radica en la oposición del secretario a cambios en las bases de selección de personal promovidos por el gobierno provincial. Entre ellos, la reducción de contenidos en los temarios de promoción interna y el aumento del número de plazas por esta vía, aspectos que, según los informes técnicos citados por los socialistas, podrían vulnerar límites legales.
Siempre según esta versión, Cuadrado habría advertido por escrito de posibles irregularidades y de la pérdida de garantías en los procedimientos. Estas advertencias no habrían sido atendidas y, en cambio, habrían derivado en críticas hacia su actuación por parte del ejecutivo provincial.
El PSOE cuestiona la justificación oficial de la decisión, que vincula la no prórroga a la necesidad de impulsar la administración electrónica.
Iglesias recuerda que la Deputación de Pontevedra fue reconocida en informes del Tribunal de Cuentas y del Consello de Contas de Galicia por su desarrollo en este ámbito, y atribuye parte de ese avance al propio secretario cesado.
Asimismo, los socialistas señalan que, al inicio del mandato, el gobierno provincial modificó la composición de los tribunales de oposición, eliminando la participación de funcionarios de otras administraciones, lo que reduciría las garantías de transparencia, según denuncian.
El secretario informó de que existe un temario mínimo regulado legalmente y también un porcentaje de plazas que pueden convocarse por promoción interna.
Según detalla el Partido Socialista, en sus informes y escritos dirigidos al presidente de la Deputación advierte el secretario de que se están utilizando "argucias" para vulnerar la ley.
Respuesta del gobierno provincial de la Deputación
La Deputación de Pontevedra ha decidido no prorrogar, por cuarta vez, las funciones del secretario provincial, Carlos Cuadrado, en una resolución que el propio organismo califica de "legítima" y "plenamente justificada".
Según la institución, los motivos de esta decisión responden a "razones objetivas" que ya habrían sido comunicadas de manera personal al funcionario.
Fuentes oficiales enmarcan esta medida en el proceso de reforma organizativa actualmente en marcha dentro de la Deputación, orientado a adaptar su estructura al nuevo contexto digital.
En este sentido, subrayan la necesidad urgente de incorporar y aplicar nuevas tecnologías en el funcionamiento jurídico-administrativo de la entidad provincial.
Desde la administración provincial se recuerda, además, que la prolongación del servicio activo de un funcionario no constituye únicamente un derecho individual, sino que debe entenderse como una medida de carácter excepcional. Así, su concesión estaría condicionada a la contribución efectiva al interés general y al correcto funcionamiento de la Administración.