Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, se han unido para "exigir acciones urgentes que eviten que la vendimia 2020 sea recordada como una de las más ruinosas de la historia".
Sus reclamaciones se dirigen en dos sentidos: por un lado, hacia los bodegueros que compran las uvas; y por otro, a los Gobiernos, central y autonómico.
A los compradores de uva, los agricultores les reclaman que cumplan la Ley de la cadena alimentaria, fundamentalmente en lo referente al precio al que pagan las uvas.
Afirman estas organizaciones que algunas bodegas están actuando "con coacciones y de forma desleal", obligando al productor a manifestar expresamente que no vende la uva a un precio inferior a sus propios costes de producción. "Una práctica inmoral e ilegal", afirman.
Este miércoles, las organizaciones agrarias acudirán al Ministerio de Agricultura, donde demandarán que se clarifique cómo determinar los costes de producción que el precio debe cubrir, también pedirán más controles por parte del Gobierno para verificar el cumplimiento de la Ley, reclamarán planes de ayudas y finalmente exigirán un incremento de las prestaciones vínicas al 15%, frente al 10% actual. Esto es el volumen de alcohol que deben tener los subproductos finales. En la práctica implicaría retirar más producto y que no vaya a vino.