Rafael Louzán, actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, defiende su inocencia a través de un comunicado en la tarde de este viernes, unas horas más tarde de conocerse la sentencia condenatoria del Tribunal número 3 de Pontevedra.
El ex presidente de la Deputación de Pontevedra recuerda en el escrito que la sentencia no es firme y "como no podía ser de otra manera presentaré el pertinente recurso ante la sala correspondiente de la Audiencia Provincial, órgano que debe darle nulidad o validez a este fallo, con el convencimiento claro de poder demostrar mi inocencia". Indica que los técnicos, testigos, funcionarios y peritos durante la vista oral acreditaron "la corrección del procedimiento seguido y la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas".
Señala que la jueza "no lo ha entendido así" al considerarlo responsable en el procedimiento administrativo por "el mero hecho de ser la máxima autoridad de la Deputación de Pontevedra en ese momento". Añade que la condena es por haber estado al frente de la institución provincial en aquellas fechas "y en ningún caso, tal y como se indica por parte de la jueza, porque haya pruebas que evidencien conocimiento y/o participación por mi parte en los hechos".
Rafael Louzán, en todo el comunicado, no hace referencia a la posibilidad de dimitir en el cargo que actualmente ocupa al frente de la Federación Galega de Fútbol. La sentencia, además de condenarlo a dos años de cárcel le inhabilita a ocupar un cargo público durante ocho años. En este caso, según se recoge en sus estatutos, la Federación es "una entidad asociativa privada considerada de utilidad pública, sin ánimo de lucro".
El ex presidente provincial del Partido Popular recuerda que este fallo se refiere a una actuación que proviene de un convenio inicial de la Deputación "con el Concello de Moraña en el año 2011 para una infraestructura deportiva para beneficio de los ciudadanos. Las obras que han dado lugar a esta actuación judicial tenían un presupuesto de ejecución de 71.332 euros más IVA (setenta y un mil trescientos treinta y dos euros más IVA), ejecutadas en su totalidad, tal y como reconoce la sentencia".
El escrito finaliza recordando que su actuación en este procedimiento, "al igual que a lo largo de toda mi trayectoria, se ha regido por el único interés de buscar el beneficio de los ciudadanos y de la provincia de Pontevedra".