El ex presidente de la Deputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, y la ex alcaldesa de Moraña y actual delegada de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luisa Piñeiro, se sientan este viernes en el banquillo de los acusados tranquilos pese a enfrentarse a peticiones de prisión e inhabilitación.
Louzán está acusado de los delitos de prevaricación y fraude y Piñeiro de cooperadora necesaria de la prevaricación y fraude. Ambos llegaron a los juzgados de A Parda, donde se celebra el juicio, acompañados por sus respectivos abogados y atendieron a los medios de comunicación que les esperaban, en un juicio que ha generado gran interés mediático por los cargos que han ocupado ambos políticos del PP.
El ex presidente provincial fue el primero en llegar al edificio judicial, a las 9 de la mañana -el juicio se fijó para las 9.30- acompañado por su abogado, y aseguró estar "con absoluta confianza e con tranquilidade" en que o proceso xudicial "quedará en nada", al tiempo que recordó que "non hai ningún perxuízo para a administración, que é importante cando se trata de responsabilidades públicas" y que sería lo que a él le preocuparía.
Louzán quiso entrar al edificio judicial en cuanto llegó, pero tuvo que esperar en el exterior hasta 5 minutos antes del inicio del juicio por las restricciones de la covid-19. Al llegar recordó que este juicio es resultado de la macro operación Patos, en la que llegó a haber más de 60 personas investigadas y más de 50 ya están fuera de este proceso e insistió en que "estamos falando unicamente dun procedemento administrativo". Considera que se trata de una cuestión "puramente técnica" que no les compete ni a él ni a la alcaldesa y que el proceso se hizo "co procedemento legal" para hacerlo.
El ex político recordó a los medios de comunicación que es la primera vez que está en un juicio, "aínda que poida parecer que puiden ter estado en algún máis", tras el archivo de las causas anteriores abiertas contra él y que esta es una causa que lleva siete u ocho años y "acabará en nada". Insistió en que en su etapa política manejó presupuestos de volumen muy grande y "en ningún momento houbo nada".
Entrando en detalles del proceso judicial, explicó que todo nace de unas fotografías del campo que el fiscal dice que se podía sobreentender que algunas obras antes de la inauguración ya estaban hechas, pero matizó que una cosa es que estén hechas y otra cosa es que estarían sin pagar. Añadió que si hubiese querido cometer alguna irregularidad no hubiese llamado a la prensa a esa visita a las obras, en donde se hicieron las fotos. "Todo foi con luz e taquígrafos", insiste.
Poco más tarde, sobre las 9.15 horas, llegó Luisa Piñeiro, acompañada por su abogada, y reiteró que afronta el juicio con "moita tranquilidade". Considera que, llegados a este punto del proceso judicial, "o que tiña que decir xa o dixen en declaracións anteriores" y aseguró que llega a los juzgados "confiando na xustiza porque isto ten que saír bien".
Piñeiro aseguró que confía en que todo quede en nada y explicó que en Moraña hubo una obra de un campo de fútbol y luego mejoras y que todo lo que está proyecado y pagado está hecho, de modo que el fiscal "terá que demostrar a tese que mantén" como ellos demostrarán que "todo o que está feito esta pagado e está alí para ver, cunhas melloras a maiores e nada máis".
Este viernes se sientan en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra 8 personasen la que es una de las piezas separadas de la denominada operación Patos. Además de Louzán y Piñeiro, están acusados el responsable de la empresa Eiriña, Enrique Alonso Pais; su mano derecha, Jaime Alvariñas; el entonces director de infraestructuras de la Deputación, Manuel González Juanatey; dos empresarios de Pontevedra y O Salnés, D.G.F. y M.R.O; y, un arquitecto, D.A.L.O.
El fiscal pide que Louzán, González Juanatey y Piñeiro sean condenados a tres años de prisión y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público relacionado con cualquier cargo en las administraciones públicas.
Para tres empresarios acusados piden tres años de prisión y cuatro de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con entes, organismo o entidades que forman parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social. Para los dos acusados restantes pide dos años de prisión y tres de inhabilitación en relación con las ayudas públicas y beneficios fiscales.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra les acusa por su actuación en un proyecto modificado de las obras iniciales del campo de fútbol de Moraña. La Deputación volvió a sacar a concurso ese modificado con las mejoras y resultó adjudicado a la misma empresa, Eiriña, pese a presentarse otras dos más, de modo que la hipótesis que sostienen los investigadores es que se amañó el concurso público para atribuírselo a la misma empresa y pagar como un proyecto separado una actuación que, en realidad, ya se había realizado durante el primer proyecto.
Según sostiene el fiscal, la empresa había realizado obras no contratadas y fuera del proyecto aprobado fundamentalmente a petición del Concello de Moraña y reclamó para que le fuesen abonadas, estimando que se le debía una cantidad próxima a los 86.000euros. Como se trataba de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, motivo por el que no se le podía abonar.
Según el fiscal, "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa Eiriña el importe que reclamaba sobre el presupuesto aprobado". Con el acuerdo del presidente de la Deputación, el director de infraestructuras, dos representantes de la empresa, la alcaldesa y un arquitecto, "se elabora y ejecuta el plan" que ahora llega a juicio. La alcaldesa solicitó una nueva subvención a la Deputación para mejoras en vestuario y gradas acompañada de un proyecto técnico del arquitecto acusado en el que se hacía referencia a la ejecución de obras que, al menos parcialmente, ya habían sido realizadas.
Finalmente, la Deputación concedió al Concello 86.829,84 euros con cargo a la partida de libre disposición del presidente. Se acordó invitar a otras dos empresas a presentar ofertas para la obra si bien el fiscal sostiene que la invitación "era mera apariencia, sin propósito serio de valorar sus proposiciones". Sus responsables también están acusado porque se actuó "con el consentimiento de los administradores de las mismas" y solo con la finalidad de que en todo caso la obra fuese adjudicada a Eiriña.