La creación de un grupo de participación social que tiene por objeto supervisar el desarrollo del programa +Modelo Pontevedra 2016-2022, que ha recibido una subvención de diez millones de euros de fondos europeos, se ha convertido en un nuevo caballo de batalla entre el grupo de gobierno en el Concello de Pontevedra y la oposición municipal.
La oposición, formada por PP, PSdeG-PSOE, Marea y Ciudadanos, han expresado su malestar tras haber sido excluidos de poder participar en este grupo, en donde los ciudadanos y los colectivos sociales podrán presentar al gobierno local sus propuestas y analizar los proyectos que se ejecutarán con cargo a estos fondos europeos.
Luis Bará ha anunciado que el Concello, tal y como se recogía en el proyecto presentado a la UE, creará un órgano interno para la gestión administrativa y presupuestaria de este proyecto que se encargará de la "complexa" tramitación que implica la concesión de estas ayudas, que se tienen que ajustar a los requerimientos de la convocatoria.
El grupo de participación social, en donde estarán representados el gobierno local y entidades sociales que quieran colaborar en la gestión de estos fondos, "non será un órgano decisorio", según Bará, pero su opinión será tenida en cuenta a la hora de acometer los proyectos que integran el programa que ha sido seleccionado.
Además, podrán participar en estas reuniones otras administraciones cuando estas "teñan que ver" con las actuaciones que se vayan a desarrollar.
Todos los asuntos que se traten en este grupo de participación social serán trasladados al Consello Económico y Social (CES) antes de su aprobación definitiva. También serán analizados en la comisión de Movilidad, en donde sí está la oposición. Será en ella en donde podrán presentar sus propuestas, ya que tendrá una "función de seguemento" de toda esta estrategia y "moito peso" a la hora de tomar decisiones.
Una de estas primeras decisiones que habrá que adoptar será la redefinición del proyecto, presupuestado para los quince millones de euros solicitados. Al haber recibido diez millones, según Bará, hay dos opciones: rebajar un tercio el coste de todos los proyectos o bien "reaxustar ou unificar" algunas de estas actuaciones "e facelas máis pequenas".
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
A pesar de ello, la oposición asegura haber sido víctima de un veto por parte del gobierno municipal. El edil del PP César Abal ha llegado a calificarlo como un "pucherazo" del BNG, al asegurar que el compromiso del Concello era consensuar el proyecto en el marco del CES, del que hoy, ha dicho, "se ha certificado su fallecimiento".
"El BNG sigue con su cerrazón, están cada vez más aislados", ha añadido Abal, que ha afirmado sentirse "estafado" porque los nacionalistas decidirán el destino de los diez millones de euros conseguidos "sin consenso, sin aportaciones y vetando a los demás grupos".
Por su parte, el socialista Iván Puentes también ha mostrado su malestar a través de su cuenta de Twitter y ha asegurado que el BNG solo contó con la oposición durante la tramitación "porque lles daba máis puntos se o proxecto era consensuado" y los demás partidos podían presentar sus propuestas.
También los portavoces de Marea y Ciudadanos, Luis Rei y María Rey, han criticado esta decisión, lamentando que el BNG "esté ya en precampaña para las elecciones municipales", según la representante del partido de Albert Rivera.