Miles de consultas médicas suspendidas, junto a centenares de pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas aplazadas, es el balance de la huelga convocada por el colectivo médico. El Sindicato Médico de Galicia (SIMEGA) atribuye directamente estas consecuencias a la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien responsabiliza del conflicto laboral en curso.
La organización sindical sostiene que la titular de Sanidad ha mantenido una postura "intransigente y populista" que, a su juicio, ha impedido avanzar en la negociación de un estatuto específico para médicos y facultativos. Según SIMEGA, esta falta de diálogo ha bloqueado la posibilidad de incorporar las demandas históricas del colectivo a un marco normativo propio.
En su valoración, el sindicato acusa a la ministra de no haber resuelto problemas estructurales que arrastra el sector desde hace años, y cuestiona su gestión al considerar que ha recurrido a interlocutores sindicales con escasa representatividad entre los médicos. Esta situación, añaden, refleja una falta de capacidad para abordar las necesidades del colectivo sanitario.
Entre las principales reivindicaciones figura la creación de un ámbito de negociación exclusivo para médicos, con mesas específicas tanto a nivel estatal como autonómico. Asimismo, reclaman un sistema de clasificación profesional ajustado a la formación, especialización y nivel de responsabilidad.
En el plano laboral, los facultativos demandan una jornada ordinaria máxima de 35 horas semanales y que las horas adicionales, incluidas las guardias, tengan una retribución superior a la ordinaria y computen a efectos de jubilación. También solicitan una regulación más estricta de los descansos tras guardias y la limitación de las guardias localizadas, proponiendo avanzar hacia un modelo basado en ampliaciones voluntarias de jornada adecuadamente remuneradas.
El sindicato plantea, además, equiparar el régimen de incompatibilidades al del resto de empleados públicos, reconocer la medicina como profesión de riesgo, garantizar pagas extraordinarias completas y eliminar la movilidad forzosa. En materia de jubilación, defienden un sistema flexible entre los 60 y los 70 años, que incluya la jubilación parcial y la posibilidad de retiro anticipado sin penalizaciones en función de la penosidad del trabajo.
Este miércoles se han repetido las concentraciones de protesta. En la celebrada a las puertas del Hospital Provincial de Pontevedra se encontraba el secretario general de SIMEGA, Enrique Marra, que insiste en que la huelga, de carácter nacional, responde a la falta de avances en la negociación con el Ministerio.
En cuanto al seguimiento, el dirigente sindical cuestiona los datos oficiales ofrecidos por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), que sitúan la participación entre el 20% y el 25% en el área de Pontevedra-Salnés. Marra asegura que, descontando de este cómputo los servicios mínimos y otras situaciones administrativas, la incidencia real sería mucho mayor: entre el 75% y el 80% en el ámbito hospitalario y alrededor del 20% en Atención Primaria.
El sindicato reconoce el impacto de la huelga en la ciudadanía, con retrasos y cancelaciones en la atención sanitaria, y pide disculpas por las molestias ocasionadas.
No obstante, defiende la protesta como un medio necesario para mejorar las condiciones del sistema sanitario público y garantizar su calidad futura.
Finalmente, SIMEGA solicita a la Xunta de Galicia que refuerce la presión sobre el Ministerio para abrir una negociación directa con los representantes médicos y avanzar hacia la creación de un estatuto propio que regule sus condiciones laborales.
