Esa es la sorprendente conclusión de un informe técnico municipal. De los 353 lombos que hay instalados en las calles de Pontevedra, 322 (un 91%) no cumplen con la normativa del Ministerio de Fomento que regula las características de este tipo de reductores de velocidad. Lo hacen por ser más suaves. Otros siete la incumplen por lo contrario: son demasiado altos.
Así lo acredita el ingeniero municipal, Jesús Gómez Viñas, que en los últimos meses ha medido todos los lombos de Pontevedra -a petición del gobierno- para emitir un informe sobre la propuesta de modificación de la ordenanza municipal de circulación, consensuada por la oposición y con la que se quiere adaptar estos elementos a la normativa estatal.
Los siete que superan el rango máximo de la orden de Fomento que regula los lombos están situados en la calle Alemania (tres), Rúa da Auga (dos), Gorgullón (uno) y Antón Fraguas (uno). Además, otros 24 tienen un rango similar al que aconseja el ministerio para estos elementos.
El informe técnico señala que hay 57 cruces con plataforma elevada, que quedan fuera de la regulación estatal. Eso significa que de los 322 lombos que son más bajos que el máximo que marca la normativa de Fomento, habría que corregir 265 si se aprueba la nueva ordenanza de circulación en Pontevedra, según ha advertido este lunes el concejal Luis Bará.
Bará ha explicado que 212 de ellos, debido a sus características, habría que "facelos de novo" o modificar las aceras y rebajarlas hasta la cota del badén. Todo ello tendría un coste aproximado de un millón de euros para las arcas municipales.
A este dinero habría que sumar los 651.000 euros que el gobierno municipal calcula que costaría adaptar la señalización horizontal de los lombos, ya que la pintura actual tampoco se adapta a la normativa de Fomento; los 116.000 euros para rebajar los que exceden el rango permitido y los 127.000 euros para cambiar los que incumplen tan solo algún aspecto.
Esos casi dos millones de euros que habría que gastar serán el argumento al que se agarrarán en el gobierno municipal para no aprobar la modificación de la ordenanza de circulación. En todo caso, solicitarán también un informe de Intervención y un dictamen del secretario del pleno sobre la legalidad de esta iniciativa.
EL PP ASEGURA QUE NO ES RETROACTIVO
A pesar de esta justificación, desde el Partido Popular aseguran que Bará "no escucha o no entiende" lo que le trasladan los miembros de la oposición municipal. Jacobo Moreira asegura que esta normativa, en el caso de aprobarse, afectará solo a los lombos que se vayan a poner en un futuro y que "no tiene efectos retroactivos".
"No habrá que rehacer todo lo que se ha hecho mal", ha reiterado Moreira, a pesar de que ha añadido que "deberíamos hacerlo" pero no lo pedirán porque "somos sensibles" y eso supondría un notable gasto económico.
Los populares insisten en la necesidad de que exista una normativa municipal que regule la instalación de estos elementos reductores de velocidad para impedir que sean las empresas constructoras las que decidan las medidas que debe tener cada uno de los lombos de la ciudad.