El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ha decretado la suspensión cautelar del plan de transporte de la Xunta de Galicia. Lo ha hecho a petición de cuatro federaciones de empresas de transporte de viajeros, que han denunciado "deficiencias" en el procedimiento.
Este tribunal, que supervisa la legalidad de todos los procesos de contratación de los organismos públicos, ha aceptado la medida solicitada por las federaciones Anetra, Fegabús, Fegatravi y Transgacar, que apreciaron que la valoración económica para la contratación de las nuevas líneas no es adecuada. Todas ellas estudian presentar un recurso a esta licitación.
Esta resolución, firmada el pasado 26 de abril, paraliza temporalmente un proceso mediante el que el gobierno gallego había sacado a licitación los 100 primeros contratos para reordenar las líneas de transporte que operan en Galicia. Seis de esos contratos, que abarcan un total de 166 líneas, son para Pontevedra, Marín, Poio, Vilaboa, Sanxenxo, Ponte Caldelas y A Lama.
Los contratos relativos a Pontevedra y su área de influencia están valorados en unos 4,5 millones de euros anuales.
La intención de la Xunta era que los nuevos contratos pudieran entrar en vigor en agosto. El resto del plan de transporte de Galicia, unos 50 contratos más, tenían previsto salir a exposición pública en junio.
En todo caso, ante la decisión del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, la Xunta de Galicia asegura que no se opone a esta medida cautelar para dar a las empresas la "máxima seguridad jurídica" y ha solicitado que esta suspensión afecte también al plazo de presentación de ofertas, que finalizaba el próximo 3 de mayo. Esta petición ha sido aceptada.