Pilar de Lara autoriza a Aduanas a investigar la actividad económica y fiscal de Lores

Pontevedra
12 de noviembre 2015

Además, autoriza este mismo seguimiento fiscal para el portavoz del gobierno, Raimundo González; o para el que fuera concejal del Rural con el PSdeG-PSOE, José Manuel Valcárcel. También serán investigados varios funcionarios municipales y un cargo intermedio de la empresa Aquagest, entre otros

Agentes de Aduanas en el Concello en busca de contratos de Aquagest
Agentes de Aduanas en el Concello en busca de contratos de Aquagest /

Vigilancia Aduanera investigará la actividad económica y fiscal del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. El trámite lo ha autorizado Pilar de Lara, titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, en relación a las investigaciones que realiza sobre los contratos obtenidos por Aquagest en la ciudad. Así se recoge en un auto judicial, con fecha del 10 de noviembre, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press.

Además, autoriza este mismo seguimiento fiscal para el portavoz del gobierno, Raimundo González; o para el que fuera concejal del Rural con el PSdeG-PSOE, José Manuel Valcárcel. También serán investigados varios funcionarios municipales y un cargo intermedio de la empresa Aquagest, entre otros.

A pesar de que Vigilancia Aduanera solicitó que todos ellos fuesen llamados a declarar en los juzgados lucenses, por ahora Pilar de Lara solo ha permitido a continuar las investigaciones. De esta decisión se desprende la petición de documentación que los agentes realizaron este miércoles en el Concello de Pontevedra, reclamando los contratos y facturas de Aquagest desde 2009 y otros expedientes relacionados con la empresa Viuda de Cándido SL.

En el auto, la jueza recuerda que de las investigaciones realizadas por Vigilancia Aduanera se deduce, al menos de forma indiciaria, que diferentes responsables de la empresa "realizaría presuntamente sobornos en sus distintas modalidades (supuestas entregas de dinero, regalos, contratación de trabajadores) con la finalidad de captar autoridades políticas y funcionarios en distintos organismos públicos y, así, conseguir en un futuro adjudicaciones"

Así, en el caso de Pontevedra cita el informe del SVA que, detalla intervenciones telefónicas en las que, supuestamente, quedaría demostrada la existencia de "relaciones entre la empresa Aquagest y algunas autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Pontevedra, dirigidas, presuntamente, a beneficiar los intereses de la empresa en el ayuntamiento". Con todo, Pilar de Lara matiza que habrá que continuar investigando cuáles serían esos intereses.

Además, los investigadores hablan de varios contactos, como una invitación a Raimundo González en marzo de 2012 a un partido de baloncesto y una comida; u otro ágape a Miguel Anxo Fernández Lores, el 14 de mayo del mismo año, ambos acompañados de dirigentes de Aquagest. También se menciona una reunión con el alcalde el 6 de septiembre en el ayuntamiento y otros dos con el edil de Hacienda.

También aseguran haber localizado los agentes de Aduanas diferentes regalos por parte de Aquagest a varios funcionarios y al exconcejal socialista José Manuel Valcárcel que, según recoge el auto judicial, incluirían desde viajes a una ruta gastronómica por León, País Vasco y Barcelona donde "cada factura no bajó de los 3.000 euros". Se sospecha además del pago de una guía para el carnaval y entradas para diferentes partidos de fútbol.

REQUERIMIENTOS REALIZADOS

Por todo ello, además de los expedientes relativos a los contratos y facturas con Aquagest que obren en poder del Concello de Pontevedra; la jueza Pilar de Lara insta a que Aduanas investigue todas las aportaciones de cualquier tipo -patrocinios, donaciones u otras- realizadas por esta empresa, a que aclaren quiénes han recibido regalos de algún tipo o incluso si se han realizado gestiones para la contratación en dicha empresa de gente cercana a los investigados.

Además, observando que esta trama utilizaría supuestamente "empresas en apariencia ajenas a Aquagest para amañar concursos públicos", la jueza también insta a varias compañías de Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo a que certifiquen los servicios prestados en relación a los hechos investigados, presenten las facturas emitidas y, en su caso, detallen los trabajos realizados o el nombre de las personas a las que, supuestamente, habrían beneficiado.