La senadora del PP, Pilar Rojo, denuncia que el Gobierno central "vuelve a dar largas" sobre el paseo marítimo entre Pontevedra y Marín", y evita dar fechas tanto para concluir el tramo del paseo ejecutado y su apertura al público, como para convocar un nuevo concurso con el que llevar a cabo la segunda parte del proyecto y así poder desbloquear una situación que, según la popular, "comienza a ser insostenible".
Así, Rojo formuló varias preguntas escritas en el Senado exigiendo respuestas y plazos concretos para abrir el paseo, que lleva meses finalizado y pendiente de inauguración, "pero que ya está mostrando evidentes signos de deterioro y abandono".
La senadora se queja de que "solo contestan a una de las cuatro preguntas que registramos desde el PP sobre esta situación, y por si fuera poco, no responden a lo que se les formula. La pregunta era muy clara: ¿Cuándo ha previsto convocar el concurso para la adjudicación definitiva de la obra? Y la respuesta, que llegó a mediados de diciembre y dos meses después de realizarla, evita dar fechas y plazos. Se habla de proyecto, de estar trabajado, pero cero concreción".
En cuanto a las preguntas que no contestaron y para las que ya finalizó el plazo para hacerlo, Rojo ha anunciado que reclamó su reconversión en preguntas orales ante la falta de explicaciones del Gobierno central.
De este modo, la Secretaria de Estado, la pontevedresa Isabel Pardo de Vera deberá asistir al Senado para contestar, por ejemplo, en que situación se encuentra actualmente el expediente de esta obra, que plazos maneja el Gobierno para finalizar el paseo y abrirlo al público, a cuanto asciende el presupuesto de la nueva licitación o cuál fue el sobrecoste económico respecto al presupuesto inicial previsto para la obra
"Los pontevedreses merecen una explicación clara y contundente", reclama Pilar Rojo.
Por último, desde el PP recuerdan que a finales de año el Gobierno central solo había pagado el 10% del crédito total del proyecto. De los 2,1 millones de euros del proyecto, tenían comprometidos 1,4 millones de euros, y solo el 10%, es decir, 220.000 euros, estaban pagados.