El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz Sobral, anuncia, con motivo del inicio del nuevo año, que trabajará para reducir la deuda actual del municipio hasta una cifra inferior a los 700.000 euros. Para conseguirlo, optará por congelar impuestos y tasas y por una gestión eficiente basada en la participación ciudadana y en el impulso de políticas activas de búsqueda de empleo, acción social y de carácter cultural descentralizadas en todos los lugares y parroquias del municipio.
Andrés Diaz hace balance de los seis primeros meses de gestión del gobierno tripartito entre PSdeG-PSOE, AVP y BNG e indica que lo más difícil de estos meses de gestión fue "tenerle que decir no a muchos vecinos que se acercaban a nosotros con demandas justas, pero que no pudimos atender en estos seis meses por no tener disposición presupuestaria".
Para conseguir ese objetivo de reducir "la gran deuda que hipoteca al Concello", Andrés Díaz asegura que su compromiso es congelar tasas e impuestos y poner en marcha una nueva gestión "más ágil y eficiente", pero al mismo tiempo que emplee mejor los recursos y que sea ahorradora. Así, por ejemplo, hasta ahora Ponte Caldelas paga casi medio millón de euros de luz, de modo que el alcalde pretende hacer una auditoría eléctrica y revisar este capítulo para conseguir un mayor ahorro energético y en dinero.
Por otra parte, el equipo de gobierno está ultimando sus primeros presupuestos del mandato y Andrés Díaz asegura que "el campo social y cultural será uno de los pilares de nuestra gestión donde la gente va a notar la auténtica diferencia de las políticas de izquierdas y de las de derechas". Anuncia iniciativas para revitalizar los centros sociales, favorecer la convivencia y colaboración vecinal y rescatar de la crisis a las familias que peor lo están pasando con el aporte de recursos propios y de la acción voluntaria.
Entre los ejes de su trabajo en este mandato destaca la situación del crematorio de A Reigosa, "un engaño premeditado de Perfecto Rodríguez a los vecinos de A Reigosa y Baltar, principalmente". Insiste en que provocó un importante cisma social que obligó a muchos vecinos a tenerse que movilizar en la defensa de sus derechos.
"Estamos a la espera de que se pronuncie la justicia y, mientras tanto, seguimos muy vigilantes. En el momento en que tengamos oportunidad, ante cualquier incumplimiento legal o medioambiental, no tenga duda de que ejerceremos nuestras competencias, incluidas el cierre cautelar de las instalacións. En este tema está en juego la salud de nuestros vecinos", promete.