Algo más de un millón de euros es la deuda que, según el gobierno municipal de Pontevedra, tiene el Concello de Ponte Caldelas por la distribución de agua potable al polígono de A Reigosa.
Pontevedra denuncia que el municipio vecino, a pesar de que las empresas asentadas en su área industrial pagan "relixiosamente" sus recibos, "leva moito tempo sen pagarnos a auga".
Así lo ha denunciado el portavoz municipal en esta cuestión, César Mosquera, que ha afirmado que Ponte Caldelas dejó de pagar desde el primer bimestre de 2021, acumulando desde entonces una deuda que asciende a 1.086.000 euros.
Para tratar de solucionar ese conflicto, que recuerda a los que Pontevedra mantuvo en el pasado con Marín o Poio -ya resueltos-, el consistorio pontevedrés ha remitido una carta al alcalde de Ponte Caldelas, dándole dos meses de plazo para regularizar la situación.
Mosquera ha advertido que, al no ser suministro de agua para uso domiciliario, la situación es "diferente" a la vivida con las deudas de otros municipios. El suministro a las casas "non se pode cortar", ha indicado, al contrario de cuando son empresas las afectadas.
"Agardemos que non haxa que chegar a solucións extremas", ha subrayado el concejal pontevedrés, que ha indicado que aunque el gobierno municipal "vontade non ten ningunha" de cerrar el grifo a las empresas de A Reigosa podría hacerlo "por imperativo legal".
Si el agua que se suministra al polígono caldelano no se paga, resolviendo el impago y evitando que el problema continúe en el futuro, "temos a obriga de cortala", ha advertido el edil porque, en caso contrario, "nos poden denunciar por defraudación de recursos públicos".
"NON IMOS PERMITIR QUE NOS ROUBEN DESTA MANEIRA"
Preguntado por PontevedraViva con respecto a esta disputa, el alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, ha sostenido que el convenio firmado en su día con Pontevedra para el suministro de agua al polígono de A Reigosa fue "absolutamente ilegal".
Pontevedra, según ha explicado Díaz, obligaba a Ponte Caldelas a cobrarle un recibo a las empresas cada dos meses y a transferirles todo ese dinero "cando resulta que a metade do gasto facíamolo nós", por el bombeo, el mantenimiento de la red o el consumo energético.
"Se botamos a conta, probablemente sexa Pontevedra quen nos debe cartos a nós", ha afirmado el alcalde socialista, que considera que aquel convenio, caducado en 2020, tenía "ánimo de lucro" cuando el agua servida "non é Pontevedra porque sae do Lérez".
Además, Andrés Díaz ha apuntado a ciertas "irregularidades" en los contadores que miden el agua transferida porque "sempre daban miles de litros máis que os medidores das empresas", sin que existan fugas en una red de abastecimiento "que é nova".
Díaz advierte que "non imos permitir que nos rouben desta maneira" y exige al gobierno pontevedrés que "non nos tomen por parvos". Asegura que Ponte Caldelas pagará "o que nos corresponda" y se muestra dispuesto a acudir a los tribunales.
Todo se podría resolver, ha añadido, si ambas partes hacen "borrón e conta nova", y negocian un convenio que sea "xusto" tanto para Pontevedra como para Ponte Caldelas.