Hasta los 5,81 millones de euros se elevará el nuevo plan concertado de bienestar social de Pontevedra, el documento que regula el funcionamiento de los servicios sociales comunitario, cofinanciados por la Xunta de Galicia y el Concello.
De todo ese plan, el ejecutivo municipal asumirá con fondos propios casi 2,5 millones de euros y ha solicitado al gobierno gallego que financie el resto, más de 3,3 millones.
Dentro de este "cordón" del bienestar social en Pontevedra, como lo ha definido la edil responsable de esta área municipal, Anabel Gulías, se incluyen todos los programas, las actividades y las actuaciones específicas que impulsan los servicios sociales.
Así, además de los programas de educación familiar, las ayudas de emergencia social o el mantenimiento de las escuelas infantiles, entre otros, el "grueso" de este plan concertado se centra en el servicio de ayuda en el hogar.
Este servicio, ha recordado Gulías, cuenta con un programa básico para situaciones urgentes y personas de especial vulnerabilidad "que non poden esperar a calificación da Xunta" y con su modalidad clásica de ayuda a la dependencia.
Tener que sostener de manera "directa ou indirecta" los planes de dependencia, a juicio del gobierno municipal, es una "aberración" ya que la Xunta está "forzando" a los ayuntamientos a asumir una carga económica "desproporcionada".
La responsable de los servicios sociales municipales en Pontevedra ha recordado que, según la legislación vigente, el 10% de la financiación de estas ayudas corresponde a la administración estatal y autonómica.
El modelo actual, ha insistido, "afoga" a los concellos y provoca situaciones "verdadeiramente dramáticas".
Aunque la Xunta ha incrementado de 12 a 16 euros por hora de ayuda, el coste real de las nuevas licitaciones se sitúa en una media de 24 horas, lo que obliga al Concello a poner los 8 euros restantes. En el caso de Pontevedra, un sobrecoste de 1,6 millones de euros.
A ello suman los costes del personal adscrito a este plan, ya que de las arcas municipales salen 879.000 euros, frente a los "escasos" 166.000 euros que aporta la Xunta.
Otro de los problemas, según Anabel Gulías, es la "constante burocracia" que obliga a las trabajadoras sociales a dedicar gran parte de su jornada laboral a tramitar estas ayudas "no canto de atender outras cuestións de competencia municipal".
Así, desde Pontevedra reiteran que el actual modelo de financiación es "insuficiente e insostible no tempo" porque, ante el envejecimiento poblacional, "imaxinade o duro e o custoso que vai a ser" para los concellos seguir sosteniendo este servicio.