El recorrido del enfrentamiento judicial entre Sogama y el Concello de Pontevedra aún no ha terminado. Raimundo González, portavoz del gobierno municipal, confirmó este lunes que el Concello de Pontevedra ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que se han vulnerado sus derechos fundamentales en este asunto. "Neste caso vemos clarísimo que temos razón", señaló.
El gobierno municipal entiende que no existían "causas xustificadas" para el recurso de casación que planteó Sogama ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), tras perder en primera instancia. El resultado de este recurso fue contrario a los intereses municipales, obligando al Concello de Pontevedra a pagar la deuda que Sogama le reclama por cantidades no satisfechas en facturas que se remontan hasta agosto de 2008.
Con respecto a esta segunda sentencia, que obliga al Concello de Pontevedra a pagar unos 304.000 euros a Sogama por las facturas entre agosto y diciembre de 2008, el gobierno municipal solicitó un complemento de sentencia, un trámite judicial con el que se pretendía tumbar esa resolución al entender que el recurso de casación "só se pode fundamentar nunha suposta infracción de normas emanadas pola comunidade autónoma".
Según Raimundo González, el TSXG "non entrou no fondo do asunto" porque entendía que el bipartito municipal lo que perseguía "era modificar o fallo da sentenza declarando inasumible o recurso". Con esta respuesta los servicios jurídicos del Concello entienden que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, por lo que se ha presentado un recurso "amplo e razoado".
El conflicto parte de 2004 cuando Pontevedra no asumió las condiciones del canon que la Xunta pactó con la FEGAMP. El gobierno municipal insistía en aplicar una cláusula recogida en el contrato firmado en 1999, por el cual se establecía un canon variable por cada tonelada, que se calculaba en base al IPC y al precio de la energía. Es decir, cuanto mayor es el coste de la luz, menor es el canon y viceversa. Se trata de un apartado que, según Sogama, no tiene vigencia.
Mientras no decida el Tribunal Constitucional, el Concello de Pontevedra seguirá abonando las facturas de Sogama en función de esa cláusula energética y tampoco se pagará la deuda pendiente que "a día de hoy" son esos 304.000 euros, insistió Raimundo González, y no los 4 millones de euros que se calcula que tendrían que pagar si el resto de los pleitos pendientes siguen el mismo camino que el primero.
Sea como sea, este conflicto judicial no tendrá "repercusión algunha" en la tasa de basura que pagan los ciudadanos. El portavoz del gobierno municipal señaló que en lo único que afecta a los pontevedreses es en que "se se invisten eses cartos en pagar a Sogama non se poderán gastar noutra cousa e ao revés". De ahí que insista en que el Concello de Pontevedra "defenderemos a ultranza os nosos intereses".
PONTEVEDRA SEGUIRA EN SOGAMA
Con respecto a la petición formulada por el PP para que el gobierno municipal aclare si Pontevedra seguirá o no en Sogama, Raimundo González se limitó a afirmar que "o problema é que teña dudas o PP". Recordó que el actual contrato se firmó siendo alcalde Juan Luis Pedrosa. Fue en 1997 y se fijaba una duración indefinida. Fue dos años más tarde cuando se firmó la famosa adenda que, entre otras cuestiones, reducía su vigencia hasta los 25 años. Pontevedra tendrá que seguir enviando sus residuos a Sogama, por lo tanto, hasta 2024.