El acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts per Catalunya para facilitar la investidura de Pedro Sánchez ha provocado la reacción entre los órganos judiciales. De esta forma, la junta de gobierno del Colegio de Procuradores de Pontevedra ha emitido un comunicado en el que reafirma su compromiso con la Constitución y el Estado de Derecho.
Este colegio también se adhiere a los pronunciamientos realizados por el Consejo General del Poder Judicial, asociaciones de jueces y fiscales o los jueces decanos de España rechazando el contenido del documento firmado en Bruselas entre PSOE y Junts.
Especifican que las referencias a la existencia de una judicialización de la política, denominada "lawfare", y la posibilidad de crear comisiones parlamentarias para la investigación de actuaciones judiciales conforman "un desprecio absoluto a nuestro Estado de Derecho" y una "injerencia intolerable en la independencia judicial, al romper la separación de poderes", alegan.
El decano Gabriel Santos y todos los integrantes de la Junta de Gobierno exponen que "resultan inadmisibles iniciativas como la propuesta en el documento por constituir un grave menoscabo de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Española" recordando que la acción del Poder Judicial es independiente y se rige única y exclusivamente por el imperio de la Ley.
TSXG
Por su parte, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) también ha acordado por unanimidad suscribir el comunicado de las cuatro asociaciones judiciales en el que rechaza las referencias al "lawfare" o instrumentalización de la justicia y sus consecuencias.
Añaden que el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las" consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Entienden que en la práctica abre la opción de revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes.
"Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables", afirman finalizando el comunicado indicando que el poder judicial en España es "independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta", según considera el máximo tribunal de justicia de Galicia.