El sindicato nacionalista CIG realizaba este jueves unas movilizaciones simbólicas en las siete principales ciudades de Galicia. Se trataba de actos en los que participaban varios delegados de la central nacionalista para reclamar al Gobierno ingresos y salarios dignos, además de protección social y seguridad en los centros de trabajo.
Paulo Carril, secretario xeral de la CIG, explicaba que se había adoptado la decisión de realizar estas acciones después de semanas de trasladar propuestas, reclamaciones y denuncias que no han sido atendidas ni por las administraciones ni por el sector empresarial. Reivindican el cobro del paro y de los salarios, porque la falta de ingresos empobrece mucho más al conjunto de la población trabajadora. Además reclaman medidas de protección social para todas las personas sin discriminaciones, un control estricto de las medidas de seguridad en la actividad laboral y respeto por los derechos y libertades civiles.
Ante la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra se reunían menos de veinte delegados sindicales para realizar esta protesta. Minutos después, dos patrullas de la Policía Nacional identifacaban en la Praza da Ferrería a varios de los participantes en la concentración. Ahora la Subdelegación decidirá si se trata de una acción sancionable y, en ese caso, procedería a la imposición de una multa.
Marcos Conde, secretario comarcal de la CIG, confirmaba a PontevedraViva que agentes de la Policía Nacional les habían pedido la documentación. El máximo representante de la central nacionalista en Pontevedra entiende que para un acto de estas características, con menos de 20 personas y cumpliendo las medidas de protección al llevar máscarillas y guardar distancias, no era necesario solicitar autorización.
"Non somos inconscientes", afirma Conde para a continuación explicar que "en calquera empresa están con menos medidas de seguridade que nós". Y alega que estos actos forman parte de la labor sindical, que está autorizada dentro de la regulación del Estado de Alarma.
Recuerda que en la comarca hay numerosos trabajadores que llevan dos meses o un mes y medio sin cobrar prestaciones. "A CIG non pode deixar pasar esta situación", apunta para recordar al Gobierno del Estado que es necesario que adopte medidas en defensa de la clase trabajadora.