Personal de Correos se concentraba este martes 28 a las puertas de la sede de la empresa estatal en la calle de la Oliva, convocada por el sindicato CIG. De esta forma pretenden mostrar su denuncia de recortes de derechos y servicios en este servicio.
Desde la central nacionalista denuncian que los carteros rurales pierden dinero con la entrega de correo. La empresa paga un suplemento por utilización del vehículo, que se encuentra congelado desde el año 2011, mientras que el precio del carburante se acerca a los tres euros por litro. En relación con el salario, el colectivo muestra su preocupación por la pérdida de poder adquistivo acumulada, con congelación salaria y subidas por debajo del IPC, a lo que se suman las penalizaciones y descuentos por bajas al personal laboral.
Reclaman una convocatoria de los representantes de trabajadores para estudiar una subida compensatoria para el personal ya que los salarios se encuentran devaluados ante el incremento de precios general. Señalan también la pérdida del registro de Santiago, un canal de comunicación entre la entidad y el personal. Esto supone que, en la actualidad, cualquier trabajador deberá gastarse dinero en un envió por procedimiento administrativo cuando quiera tramitar de forma oficial cualquier solicitud. Los delegados aseguran que esto supone una discriminación de Galicia respecto a otras comunidades autónomas donde se mantiene este sistema.
Alertan de un recorte de servicios durante este verano debido a la falta de contratación. Explican que Correos no cubre las plazas vacantes ni contrata por bajas, vacaciones o por cualquier circunstancia. Esta situación provoca, según denuncian, que haya barrios en los que no se pueda realizar la entrega o que los carteros se multipliquen por varias secciones de reparto con una menor calidad del servicio.
También ponen en el punto de mira el precario mantenimiento de la flota de vehículos con carencias como ruedas gastadas, pantallas de las motos con rayazos o limpia parabrisas en mal estado. Además destacan el mal funcionamiento de los sistemas informáticos en las oficinas y en el reparto al bloquearse de manera habitual, provocando colas de espera y quejas de las personas usuarias.
Aseguran que están "hartos de tanta presión y de exigencias de objetivos de venta". Piden condiciones dignas y exigen la equiparación de derechos con el resto del personal de la Administración general y un catálogo de enfermedades profesionales.