La licitación del nuevo contrato para la gestión de la recogida de basuras y la limpieza viaria de Pontevedra ha sufrido un duro revés. Ninguna empresa ha presentado oferta y el proceso ha sido declarado desierto. Así lo ha anunciado este miércoles el edil Raimundo González.
Las condiciones impuestas para hacerse con este servicio municipal, que salía a concurso por 11,7 millones de euros anuales -234 millones a lo largo de los 20 años de contrato-, no ha interesado a ninguna compañía del sector. Tampoco a la actual adjudicataria, Prezero.
González ha sostenido que "na miña humilde apreciación", en base a las conversaciones mantenidas con diversos operadores, existe una "resistencia" en la patronal del sector a la nueva ley de residuos y las directivas europeas aprobadas en esta materia.
El contrato licitado por Pontevedra, que recogía todo el ciclo integral de los residuos, incluía todos los requerimientos de la ley estatal que, entre otras cosas, obliga a reciclar el 55% de todos los residuos para el horizonte de 2025 -que se eleva al 65% en 2035-.
Además, el Concello detectó que las compañías eran "reacias" a recibir una retribución variable en función de si se alcanzaban o no los objetivos marcados en el contrato o de la percepción y las quejas que presentasen los ciudadanos sobre el funcionamiento del servicio.
La ausencia de un canon fijo, la fórmula retributiva a la que el sector está "acostumbrado", sería uno de los elementos que menos simpatía producía entre los licitadores.
Esta situación abre ahora un nuevo escenario. El Concello insiste en considerar "fundamental" cumplir la ley española y las directivas europeas y considera "irrenunciables" los objetivos ambientales que se habían establecido porque "non era un capricho senón que é o futuro".
"O sector ponos a proba, e eu teño que dicir que non me dobrego ante el. Quero uns obxectivos medio ambientais concretos para a miña cidade e vou pelexar por eles, sexa como sexa", ha subrayado el edil.
Raimundo González avanza que se explorarán "novas vías contractuais" y se planteará licitar de nuevo el contrato cambiando su fórmula jurídica, pasando a ser un contrato de servicios lo que reduciría su duración y permitiría establecer un canon fijo anual.
Eso sí, al retirar de la ecuación la retribución variable que proponía Pontevedra, el Concello anuncia que reforzará la inspección municipal para que haya una mayor vigilancia, con sanciones incluidas en caso de incumplir objetivos, sobre este servicio.
Fraccionar el contrato "non é o que queremos", ha sentenciado González, si bien los técnicos municipales tendrán que determinar si en el mismo contrato de servicios se puede incluir la limpieza viaria y la recogida de basura porque "pode ter difícil encaixe xurídico".
También habrá que estudiar si dentro de ese contrato podrá estar la planta de compostaje o si, por el contrario, habrá que licitarla por separado. La sentencia judicial que avala el actual contrato con los comuneros de A Canicouva puede allanar este escenario.
En todo caso, por "saúde democrática", el actual gobierno en funciones no adaptará ninguna medida en esta materia y no será hasta la constitución del nuevo ejecutivo cuando se aclare el futuro de una licitación que, desde el primer día, no ha estado exenta de complicaciones.