El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha asegurado que el gobierno gallego luchará "ata o último momento" por mantener los puestos de trabajo que Ence genera en Galicia.
Durante un acto celebrado en Vilanova de Arousa, Rueda ha señalado que para la Xunta es "fundamental" garantizar los empleos que dependen de la empresa pastera, que ha cifrado en unos 5.000 entre directos, indirectos o inducidos.
Tras destacar que la Xunta "fará todo o posible" para evitar que se materialice la "decisión tomada" del Gobierno para expulsar a Ence de la ría de Pontevedra, el vicepresidente gallego ha lamentado que se ataque a una empresa "que quere seguir creando riqueza".
"Seguimos sen que ninguén sexa capaz de explicar a alternativa ao peche dunha empresa que dá traballo en Galicia", ha denunciado Alfonso Rueda.
Rueda ha apuntado que la asesoría jurídica de la Xunta ha calificado como "anticonstitucional" el artículo 18 de la futura ley de cambio climático y que limitaría a 75 años el plazo máximo de permanencia de una empresa en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.
Este dictamen, según el vicepresidente, "infrinxe os dereitos adquiridos de moitas empresas" al tener efectos retroactivos y dejaría "moi comprometida" la viabilidad de toda la cadena mar-industria asentada en las costas gallegas.
Este informe ha sido remitido ya al Gobierno central, a través de una carta de las conselleiras de Medio Ambiente y Mar, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana, remitida a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
La Xunta entiende que la nueva ley tendrá "repercusiones negativas" para el litoral gallego, en donde defienden que se realizan actividades "respetuosas" con el medio ambiente.
Además, consideran que el artículo 18 sería contrario a la Constitución, ya que los afectados serían "privados" de una concesión adquirida "sin la correspondiente indemnización".
De aprobarse el borrador presentado de esta ley de cambio climático, el gobierno gallego calcula que supondría la pérdida de unos 37.000 puestos de trabajo en Galicia y un impacto económico de unos 10.000 millones de euros.