El gobierno local de Gonzalo Pita en Sanxenxo estudia las medidas legales contra los responsables de haber perjudicado los intereses de la villa en el expediente de suelo urbanizable número 13, situado en Monte Faro. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha impuesto al Concello unas costas procesales de 132.788 euros por la interposición de un recurso de apelación en el que finalmente los servicios juridícos contratados por el gobierno anterior del PP en Sanxenxo no se personaron, según denuncia el actual alcalde.
En la liquidación de costas remitida por el TSXG de Galicia al Concello se le obliga a pagar 123.583 euros a la defensa letrada de las empresas propietarias del SU 13, situado en Monte Faro, Emprosal 16 y Llave del Año S.L; además tendrá que abonar 5.508 euros por la minuta del procurador de una de las firmas y 3.695 euros a un segundo procurador. El tribunal también reconoce la cantidad de 115 euros para el procurador de Lanzagolf SL. Según el gobierno local, en el escrito se fija un plazo de escasos días para hacer efectivo el pago.
Todo se remonta al momento en que el Concello de Sanxenxo había anunciado la presentación de un recurso de apelación de una sentencia que obligaba al pago de 3.830.692 euros, más intereses, a los promotores del SU 13. En julio de 2011, el juzgado emplazaba al Concello a personarse. En noviembre de ese año, la sala del Contencioso-Administrativo del TSXG señalaba que nadie se había personado en la apelación por lo que declaró desierto el recurso con la imposición de las costas que ascienden a 132.788 euros.
Según el actual gobierno, el Partido Popular ocultó a los vecinos durante cinco años las consecuencias económicas del error del gabinete jurídico.
En 2011, la concejala de Urbanismo era María Deza y el responsable de Economía Marcos Guisasola, actualmente integrantes del grupo municipal del PP. En enero de 2012, la entonces alcaldesa Catalina González solicitó por escrito al gabinete jurídico una explicación de lo ocurrido pero en el expediente no consta respuesta, según apuntan desde el Concello. Desde el gobierno de Gonzalo Pita se preguntan por qué no se realizó una reclamación a los servicios jurídicos contratados al no haberse personado en la causa.
Ante esta situación, el gabinente jurídico del Concello estudiará las medidas legales que puedan adoptarse ante esta situación por el daño económico causado a los vecinos de Sanxenxo, según apuntan desde el gobierno local.