Camareras-limpiadoras que para limpiar e higienizar cada habitación y baño sólo disponen de un tiempo máximo de tres minutos o auxiliares que en diez minutos deben completar el aseo y movilización de una persona dependiente. Un trabajo contrarreloj al que se suma un sueldo por debajo del salario mínimo interprofesional.
Para reclamar mejoras en las precarias condiciones laborales y salariales del personal de las residencias privadas de mayores de Galicia, el sindicato CIG convocó para este viernes 28 de febrero, a las 18:30 horas, una manifestación en Pontevedra, que partirá del centro Domusvi en la calle Loureiro Crespo y rematará en la sede de Saraiva en Don Gonzalo.
La negativa por parte de la patronal del sector a negociar un nuevo convenio colectivo, dado que el último venció en diciembre de 2023, lleva a los profesionales que trabajan en residencias privadas de mayores y centros de día a esta protesta.
Todo el sector está llamado a secundar esta movilización, que es continuación de las que se vienen realizando desde el mes de noviembre de 2024 en varias localidades gallegas, a partir de la negativa de la patronal a aceptar las propuestas de mejora laboral y salarial.
Desde la central se quejan de que ni CCOO ni UGT secunden sus demandas de un convenio digno. Destaca la CIG que el convenio anterior fue firmado por esos dos sindicatos, que acordaron unas condiciones salariales con la patronal que provocaron que los profesionales hayan perdido un 7,8% de poder adquisitivo.
Además, en ese documento "no se ahondó en los complementos de las bajas, en la reducción de jornada ni tampoco en unos salarios que fuesen, ya no solo dignos, sino ajustados a la realidad", matiza Aitor Maquiera, representante de la Federación de Servicios de CIG en la comarca de Pontevedra.
La última reunión para negociar el nuevo convenio colectivo se celebró el 18 de octubre de 2024. En la propuesta de la patronal, el sindicato CIG subraya varios puntos que consideran inaceptables: la no inclusión en el convenio de un complemento de bajas que contemple como profesionales las enfermedades habituales en el contacto con los usuarios, como el caso de las gripes; la no reducción de la jornada laboral que marcaba el anterior convenio; la ausencia de avances de carácter social, como permitir el acompañamiento al médico de un menor o un familiar dependiente; y las malas condiciones salariales.
Indica que las categorías de limpiadora, cocinera, gerocultora, auxiliar de enfermería, conductor y gobernanta son el grueso del sector y, para todas ellas, "la propuesta económica de la patronal es que sigan por debajo del salario mínimo", afirma el sindicalista.
"Una de las cosas que más llama la atención era que la propuesta de incremento económico que nos hacía la patronal para un convenio de tres años (2024 a 2026), no es que deje los salarios del año 2024 por debajo del salario mínimo del año 2024, sino que con ese incremento los salarios en el año 2025 y 2026 seguirían estando por debajo del salario mínimo del 2024", completa Maquieira.
Se trata, como exponía el representante sindical, de un sector altamente feminizado, con jornadas parciales, con esfuerzos físicos, con exposición a riesgos y con una carga de trabajo muy elevada.
Para respaldar estas tesis, aportaron sus testimonios las gerocultoras María Jesús Fernández, trabajadora en la residencia de Saraiva en Pontevedra; Rocío Rodríguez, miembro del Comité de Empresa del centro Domusvi en Ribadumia; y Ana Isabel Barciela, presidenta del Comité de Empresa de la residencia de mayores Caser Esencial Vilaboa.
María Jesús afirmó que "1.109 euros de salario base es el sueldo de una gerocultora, que somos el personal de atención directa los usuarios: las que duchamos, vestimos, damos de comer, hacemos cambios posturales…"
Además, denuncian que la falta de personal y las presiones para cumplir con unos tiempos inasumibles en las tareas diarias están afectando la calidad de la atención que se ofrece los usuarios, muchos de los cuales presentan altas necesidades de atención y cuidado. "Los usuarios van maltratados y nosotros nos vemos maltratadas a diario por parte de la dirección del centro, no podemos dar más", exclama Rocío.
Añade la gerocultora el estrés que sufren para cumplir con los diez minutos como máximo que tienen que dedicar a cada usuario para "levantarlo de la cama, ducharlo, hidratalo, vestirlo y sentarlo en una silla de ruedas".
La ratio de usuarios puede variar de "entre 8 y 10, y en algún caso 14, que tienes que tener listos en ese tiempo", sin que la empresa haga distinciones por grado de dependencia.
"La mayoría tienen alguna alteración conductual y tienes que andar con cuidado para moverlos, que no se dejan, y para evitar que te den una bofetada. Yo tengo las marcas de unos arañazos que me hizo una usuaria. Es decir, vas con todo el tacto y la empresa pretende que en diez minutos hagas todo eso", señala la auxiliar.
La carga de trabajo puede ser incluso mayor porque, cuando faltan las limpiadoras o el personal de enfermería, son las gerocultoras quienes asumen sus funciones. "Hay gerocultoras pinchando una intramuscular o haciendo curas de úlceras", exponen.
Para incrementar más esta situación precaria, Ana Isabel denuncia que usuarios psiquiátricos están siendo derivados a las residencias de mayores y son las gerocultoras las que tienen que asumir sus cuidados, "sin tener una preparación para atenderlos" y sin tener un apoyo en el caso en que, por su patología, generen situaciones violentas en las que haya que reducirlos.
"Hay veces que la situación es incontrolable. Tengo compañeras que se vieron acorraladas a una esquina por un residente que le doblaba el peso. Estás tú sola en una sala de psicogeriatría con 20 o 30 personas, ¿y qué haces?".
Concreta la auxiliar casos habituales de arañazos, tirones de pelos o patadas, el más reciente a una compañera a la que una usuaria le partió varias costillas. "Y, aun por encima, si tratas de zafarte y te lesionas, en la Mutua te dicen que es una baja por motivo traumatológico, nunca es asumido como enfermedad laboral".
Estas circunstancias fueron denunciadas ante la Inspección de Trabajo pero, en las contadas ocasiones en que se personó en los centros, "no hablaron con las trabajadoras ni subieron a las habitaciones", lamentan.
Carlos Alján, representante de la Federación de Servicios de CIG en la comarca de Vigo, abunda en que "nos encontramos con casos que nos cuentan las compañeras de usuarios que se quedan sin comer y sin asear porque no hay tiempo. Y al final todos sabemos qué usuarios son: los que no hablan, para que no lo cuenten y las familias no se enteren".
Con estas movilizaciones, el sindicato demanda que la Xunta de Galicia asuma su responsabilidad e intervenga en estas residencias de mayores.
Aduce que el "modelo privatizador y depredador" que impera en las residencias es responsabilidad del Gobierno gallego, ya que el 70% de las plazas en residencias privadas está ocupado por personas que deriva la Consellería de Política Social e igualdad, las llamadas "plazas concertadas", que son de financiación pública pero con la gestión privada.
"Al final, las empresas privadas solo buscan su rentabilidad, y tiene que ser la Xunta la que vele para que cumplan bien el servicio", demanda la CIG.
Tras la manifestación de este viernes, la siguiente cita para conseguir la firma de un convenio digno será la reunión de la Asamblea Nacional de la CIG de Delegadas del sector del próximo 7 de marzo. Si la Xunta de Galicia no interviene en este conflicto, se propondrá una huelga que afectará a todo el sector de residencias privadas de mayores y centros de día.