Los letrados de la Administración de Justicia de Pontevedra y de todo el país continúan la huelga indefinida convocada el pasado 24 de enero pese a reunirse este jueves con los representantes de Justicia para exigir una adecuación salarial acorde a las funciones adquiridas y no llegar a un acuerdo.
Denuncian que el Ministerio de Justicia por medio de su Secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, "no inicia el diálogo" y "exige la desconvocatoria de la huelga para 'estudiar' una de las propuestas que paradójicamente fue acordada en el mes de abril".
Esta falta de acuerdo ha provocado que los trabajadores de Pontevedra, tras casi cuatro semanas en huelga, salieran a la calle para reivindicar su propuesta de mejoras retributivas y laborales "por dignidad y por justicia", y exigen el sueldo equivalente al 85% del salario de un juez, frente al 65-70% actual.
Para el ministerio, "esto supondría una doble subida salarial" ya que "el conjunto de la masa salarial de los letrados de la Administración de Justicia estaría también referenciada a la masa salarial de la carrera judicial".
Los denunciantes critican "la actitud intransigente del secretario de Estado" con el que "es imposible iniciar un diálogo que permita alcanzar ningún acuerdo".
"Sabe que nunca se desconvoca una huelga sin tener firmado un acuerdo entre las partes" y denuncian que el Ministerio de Justicia "ni presenta propuestas ni habla sobre posibles soluciones, simplemente tiene una estrategia de desgaste frente a los letrados y lo que es mucho peor, en perjuicio de la administracion de Justicia".
Y es que los datos facilitados por la administración de Pontevedra son alarmantes, ya que tan solo en la Boa Vila esta huelga ha provocado que entre los días 13 y 17 de febrero se suspendieran alrededor de 1.337 actuaciones judiciales, de las cuales 167 eran juicios.
Según los cálculos a nivel estatal, desde que empezó el parón la actividad en juzgados y tribunales se ha reducido un 60%, con más de 152.000 vistas suspendidas y 560 millones de euros que han quedado bloqueados.
RESPUESTA DEL SECRETARIO DE ESTADO Y DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Tontxu Rodríguez lamentó que la reivindicación "ha sido económica" y se pregunta "dónde queda el servicio público de justicia de estos funcionarios", cuya actitud tacha de "insólita y contraria a la buena fe negociadora". Cree que el colectivo no quiere "iniciar una verdadera negociación" y considera a los ciudadanos "los principales perjudicados".
Según Rodríguez, esta huelga "no es de trabajadores que quieren llegar a fin de mes o que peligran sus puestos de trabajo, es de personas privilegiadas que cobran entre 40.000 y 60.000 euros al año. Me recuerda mucho a aquellas de los pilotos o de los controladores aéreos".
Destacó además que "estos funcionarios han tenido este año un incremento del 14,5% de su salario" y aseguró que "los letrados han rechazado la propuesta del Ministerio de un incremento retributivo que beneficiaría sobre todo a los que menos cobran, aunque lo someterían a consulta del colectivo, y el Ministerio ha puesto como primera condición para seguir negociando que desconvoquen la huelga".