La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra ha suspendido el juicio contra I. H., por abusos a un menor. La abogada de la defensa alegó que el acusado era menor de edad en el momento en el que presuntamente se produjeron los hechos por lo que deberá esclarecerse la edad del chico para determinar qué tribunal es el competente, si el de Menores o la justicia ordinaria.
La Fiscalía de Pontevedra reclama una pena de cuatro años de prisión para I. H., un hombre de origen marroquí, por un delito de abusos sexuales contra un menor que no había alcanzado todavía los 16 años de edad.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos por los que le juzgarán ocurrieron en la tarde del pasado 22 de enero de 2016.
El acusado estaba en la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, junto a un menor con trastorno generalizado del desarrollo, TDHA, epilepsia y problemas cognitivos y de aprendizaje. En circunstancias de las que no se han aportado detalles, "guiado por un ánimo libidinoso" presuntamente le efectuó "tocamientos en sus genitales".
No hay constancia de que le haya causado ningún daño moral al menor por lo que no se reclama ninguna cuantía en materia de responsabilidad civil.
Además, el Fiscal pide que, una vez alcance la libertad condicional, se sustituya la ejecución de la pena que falte por cumplir por su expulsión del territorio español y la prohibición de regresar a España durante siete años.
El acusado permanece en prisión provisional desde que fueron denunciados estos hechos en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra.
DENUNCIAS DE LOS TRABAJADORES
Coincidiendo con estas mismas fechas en las que supuestamente tuvieron lugar estos abusos sexuales, el sindicato Comisiones Obreras comparecía públicamente para denunciar que la Xunta de Galicia llevaba "más de un año derivando menores conflictivos a la Ciudad Infantil Príncipe Felipe", en cuyas instalaciones se encuentran menores con distintos problemas familiares.
Según los representantes sindicales de este centro dependiente de la Deputacion de Pontevedra, esta situación derivó en algunos conflictos e incluso agresiones, tanto entre los propios chavales como a los funcionarios de la institución.
En concreto, José Ramón Piñeiro, delegado sindical de CC OO en la Deputacion, había alertado que la Xunta hacía "caso omiso" ante la "desprotección" en la que se encontraban algunos niños de 9 años que estaban conviviendo con menores de cerca de 17 años, que se encuentran bajo control judicial por casos como "agresiones sexuales, abusos sexuales o robo con intimidación".
Esta situación fue corregida después de que el sindicato trasladase la denuncia a la Valedora do Pobo y expusiese los hechos ante el juez de Menores de Pontevedra.