A la quinta tampoco ha ido la vencida. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha tenido que suspender de nuevo un juicio que se tenía que haber celebrado por primera vez hace más de un año, en el verano de 2016, por una estafa en la venta de casas prefabricadas de madera, y que ahora ha quedado aplazado hasta el 7 de noviembre.
Los antecedentes de este juicio son rocambolescos. Tras haberse aplazado en el verano y el otoño de 2016, finalmente, se celebró en enero de este 2017. El logro no sirvió de nada, pues falló el sistema de grabación de la sala de vistas, la sesión no quedó registrada y es necesario volver a celebrarlo. Ya se intentó en julio y hubo que aplazarlo y este jueves estaba fijado el quinto intento, de nuevo fallido.
En esta quinta ocasión, el juicio se aplazó porque el acusado renunció a la abogada del turno de oficio que le había defendido hasta ahora y el viernes pasado designó un nuevo defensor. El nuevo letrado explicó este jueves que el acusado no le llamó hasta el lunes para indicarle que le había nombrado y que no tenía la confirmación de que se aceptaba este cambio en la defensa ni había accedido al sumario del caso, de modo que no estaba en condiciones de hacer su trabajo y solicitó un aplazamiento.
La petición no sentó bien en las acusaciones personadas en la causa. La abogada de una de las dos familias presuntamente estafadas considera que se trata de una "maniobra dilatoria" por parte del acusado, que ya desde julio tiene constancia de que el juicio se celebraría este jueves 26 de octubre y, si quería cambiar de abogado, podía haberlo hecho antes.
El fiscal del caso, Augusto Santaló, fue más duro y criticó que las explicaciones que aporta el nuevo abogado no son "convincentes". Se opuso a la petición de aplazar la vista porque con esta decisión se "vulneran los derechos de las víctimas, que tiene derecho a una justicia rápida y eficaz".
Santaló se mostró muy incisivo y cuestionó la "desidia" del acusado y una petición "fraudulenta", pues en la sala estaban el nuevo abogado y la anterior y entre los dos podían llevar la causa sin ningún problema.
Tras un breve receso, la Sección Segunda de la Audiencia que debe juzgar el caso decidió suspender la vista y aplazarla hasta el 7 de noviembre para "garantizar" uan defensa efectiva del acusado. El presidente del tribunal, Xosé Xoán Barreiro Prado, hizo un llamamiento a la responsabilidad y a que "sen máis dilacións, esperemos poder celebrar dunha vez".
En este juicio está acusado José Manuel Moure Rey, un empresario de Viascón (Cotobade) que presuntamente estafó a una familia de la parroquia pontevedresa de Tomeza y a otra de Campo Lameiro que le contrataron una casa prefabricada de madera, le realizaron varios pagos y nunca se la hizo. El fiscal pide que sea condenado a ocho años de prisión y el pago de una multa de 7.200 euros (24 meses a 10 meses de diarios).