La Xunta de Galicia mantendrá sin cambios el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de San Mauro y trasladó a los propietarios afectados una nueva vía para integrarse en el desarrollo urbanístico del futuro barrio, evitando así la expropiación directa de sus terrenos.
La propuesta fue presentada este viernes durante una reunión celebrada en la delegación territorial de la Xunta en Pontevedra, en la que participaron representantes vecinales y responsables autonómicos de Vivenda y Urbanismo.
El encuentro sirvió para despejar las principales dudas planteadas por los propietarios de parcelas sin edificar incluidas en el ámbito del proyecto.
Durante la reunión, los responsables autonómicos explicaron que las valoraciones económicas del suelo están condicionadas por la normativa estatal y por la clasificación urbanística actual de las parcelas.
Según indicaron, el justiprecio previsto se sitúa entre los dos y los diez euros por metro cuadrado, aunque la administración autonómica se mostró dispuesta a elevar la compensación mínima hasta los doce euros por metro.
Las infraestructuras y elementos presentes en las parcelas, entre ellos vallados, muros o árboles, contarían con una valoración económica específica.
La propuesta más destacada presentada a los propietarios afectados durante la reunión fue la opción de incorporarse al proyecto como participantes del desarrollo urbanístico.
Esta posibilidad permitiría a los propietarios conservar derechos sobre el futuro barrio mediante la adjudicación de parcelas resultantes, evitando la expropiación forzosa.
A cambio, tendrían que asumir de forma proporcional los costes de urbanización y promover vivienda libre en los terrenos adjudicados.
La Xunta asumiría, por su parte, toda la gestión administrativa, urbanística y registral, además de la ejecución de las obras de urbanización.
Los propietarios podrían posteriormente transferir esos derechos a cooperativas o promotores privados si no desean implicarse directamente en la promoción inmobiliaria.
Según este modelo planteado, los adjudicatarios dispondrían inicialmente de cuatro meses para solicitar licencia y de un máximo de dos años para construir, aunque la administración dejó abierta la posibilidad de flexibilizar esos tiempos.
El reparto residencial previsto mantiene el esquema ya anunciado de 2.010 viviendas con un 80 % de vivienda protegida y un 20 % libre.
Los representantes vecinales solicitaron que la próxima reunión con la Xunta se celebre durante el mes de junio para poder analizar previamente toda la documentación junto al conjunto de propietarios afectados y evaluar las consecuencias jurídicas y económicas de la propuesta presentada por la administración gallega.
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