La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se reunió este miércoles con el alcalde de Poio, Ángel Moldes, para evaluar el impacto del acuerdo firmado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF).
La conselleira destacó que el Concello de Poio recibirá cerca de 600.000 euros más de financiación de la Xunta de Galicia para el Servizo de Axuda no Fogar, que es de competencia municipal, durante los próximos tres años.
Esta cantidad elevará la aportación por parte de la institución autonómica hasta los dos millones de euros.
Según explicó la conselleira, el incremento de la financiación permitirá al Concello disponer de más recursos para seguir reforzando sus servicios sociales.
La medida se enmarca en el acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que prevé una inversión de 500 millones de euros hasta 2028 para el SAF, 150 millones más de los inicialmente previstos.
De esta manera, todos los municipios adheridos a este incremento recibirán 16 euros por hora en este 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en 2028. Un aumento gradual que, tal y como explican desde el gobierno autonómico, supone un incremento del 50%.
PROTOCOLO GALLEGO CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL
Por otro lado, Fabiola García aprovechó la ocasión para poner en valor la reciente aprobación del primer protocolo gallego contra la violencia laboral en este servicio, suscrito el día anterior por la Xunta, la Fegamp, organizaciones sindicales y empresariales y el Colegio Oficial de Trabajo Social.
La conselleira explicó que este protocolo que establece un sistema integral para prevenir, detectar, gestionar y hacer seguimiento de cualquier episodio de violencia contra el personal del SAF surgió del trabajo conjunto y la colaboración con las entidades mencionadas.
Dicho protocolo, aclaran desde la Xunta, refuerza la formación en habilidades y la puesta en valor del Servizo de Axuda no Fogar, la evaluación de los posibles riesgos, la comunicación temprana de los incidentes y su posterior registro, resolución, investigación y seguimiento.
Por otro lado se establece un procedimiento de actuación en casos de todo tipo de violencia que pueda causar daño físico, psicológico, sexual o económico, incluyendo la violencia por razón de género o sexual.
De este modo se establece un sistema progresivo que va desde la prevención hasta la respuesta ante estas agresiones, con pautas para anticipar riesgos, mantener la calma y reconducir conflictos.
Este documento también destaca la importancia de que los concellos cuenten con un registro con modelo unificado para todas las entidades prestadoras y que se de seguimiento a todos los incidentes para que puedan ser evaluados por la empresa y, si es necesario, coordinados con las administraciones para adoptar medidas correctoras.
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