Escribió Stanley Payne que en toda la historia de los regímenes parlamentarios no se había dado jamás el caso de que un jefe de la oposición hubiese sido asesinado por un destacamento de la policía bajo las órdenes del Gobierno. La vida española había llegado a tales niveles de vileza que no lo podemos imaginar siquiera ni haciendo, hoy, un ejercicio imposible: una camioneta sale de un cuartel de la Guardia Civil o de la Policía Nacional a las 3 de la mañana con guardias a los que se unen unos cuantos militantes políticos. Llaman a la puerta de la vivienda del diputado jefe de la oposición de 2026, lo sacan de su casa, lo meten en la furgoneta y de camino a ningún sitio a los diez minutos un miembro de la escolta gubernamental del Frente Popular le asesina.
Dice estupendamente bien Javier Benegas que la democracia no consiste en proteger al gobierno, al Consejo de Ministros o a su presidente. La democracia es aquel sistema político que protege a la ciudadanía de la actuación de cualquier gobernante de cualquier partido político que se salte las normas democráticas. Un sistema democrático maduro considera que todos los diputados elegidos democráticamente pueden ser buenos gobernantes o no. Sabe la sociedad adulta que cualquiera de los diputados elegidos y cualquier gobierno elegido puede corromperse y, lo que es peor, puede volverse contra la Ley de todos, es decir, contra los ciudadanos a los que prometió servir. No se puede conceder al Estado el poder de hacer el bien sin contemplar que el Estado también puede dedicarse a hacer el mal: nadie puede garantizar que el gobernante que hoy promete protegernos no utilizará mañana ese mismo poder para someternos. Por eso todo Gobierno ha de cumplir sus funciones con la autoridad debida y todo Gobierno tiene la obligación democrática del control de sus actuaciones, muy principalmente el sistema parlamentario está dotado de precauciones contra los que se saltan la Ley: separación de poderes, tribunales independientes, prensa libre y límites constitucionales.
De la misma forma que la sociedad española de 1934 se preguntaba ¿dónde estamos? ¿a dónde vamos?, y luego transcurrieron dos años más en donde se agudizó hasta la exasperación todo el mal que podía llegar a producirse y que alcanzó su culmen con el asesinato del diputado jefe de la oposición, hoy también la ciudadanía nos preguntamos con inquietud y salvando las muchísimas y absolutas distancias con aquel octubre de 1934 que originó el julio de 1936, ¿cuál es el nivel de nuestra sociedad? ¿hacia dónde vamos? En las sociedades democráticas los jueces forman el poder judicial dedicado a salvaguardar los derechos de todos, entre otros, los derechos individuales contra las actuaciones del poder político. La Justicia está para protegernos, es el último refugio del ciudadano anónimo que necesita suspender una decisión, anular una multa, impedir una expropiación o proteger un derecho. El ciudadano del común necesita a alguien cuyo salario, posición y futuro no dependa de agradar a un ministro, a un partido o a un presidente. Es por eso que la Justicia independiente es la última barrera antes de que las garantías desaparezcan, antes de que se produzcan impuestos confiscatorios, expropiaciones masivas o se pongan en marcha sistemas de control social, como es ese Estado de Derecho hundiéndose en la normalización lingüística.
El Gobierno, de forma inconcebible, impresionante, se lanza una y otra vez a deslegitimar las decisiones judiciales: es el acto más grave que puede cometer un gobernante porque supone privar al ciudadano de su último refugio: significa que el poder podrá dictar las reglas, aplicarlas, interpretarlas y decidir después: parte, juez y verdugo.
La construcción de regímenes autoritarios hoy en día no empieza con la Policía echando la puerta abajo a las 3 de la mañana. Comienza con un profesional que es molesto al poder político al que le aplican inspecciones selectivas; con un despacho o empresa excluido porque sus propietarios no aceptan determinadas imposiciones; los regímenes autoritarios comienzan hoy cuando a un medio de comunicación se le retira de cualquier distribución de publicidad oficial o se reclama a otras empresas para que retiren la suya de ese mismo medio que no se ha plegado al relato oficial; comienza el régimen autoritario cuando un funcionario es represaliado por negarse a obedecer. Empiezan los regímenes autoritarios cuando los ciudadanos descubren que a ellos la Ley se les aplica a rajatabla mientras que a los amigos del Gobierno no.
La credibilidad de los tribunales está permanentemente en entredicho porque el Gobierno, ministros, diputados… todo el frente común que forma el nacionalismo, el socialismo y el comunismo se dedica a tachar de golpistas togados y cómplices de una conspiración a los jueces. El clima de sumisión se va organizando a la par que observamos con vergüenza la actitud obscenamente servil de los socios de gobierno, de los medios y voceros afectos que, contra la sentencia que se considera injusta moviliza al Estado como si fuese privativo y a su exclusivo servicio, ese Estado que es de todos y que está apropiado, en manos de una banda que ha decidido que la Justicia es su enemigo. Cuando Sánchez y estofa a su vera hayan terminado de destruir los contrapesos que pueden frenarlo no quedará nadie en pié que defienda a la ciudadanía. Quedamos a su completa merced, totalitariamente hablando.
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