Ocho comunidades de montes de Pontevedra han denunciado ante la Fiscalía al Concello de Pontevedra por la reiteración del cobro del IBI en terrenos comunales. Se trata de las comunidades de Mourente, Canicouva, Salcedo, Verducido, Santo André de Xeve, Campañó, Lourizán y Lérez y se refieren en este caso a recibos emitidos durante el pasado año 2023, aunque este frente se prolonga desde hace dos décadas.
Estas entidades comunales ya tienen hecho uso de la vía de contencioso-administrativa en ocasiones anteriores, pero denuncian por primera vez ante la Fiscalía por el "hartazgo" y las consecuencias que está acarreándoles el proceder del Concello pontevedrés. "Queremos una solución, por las buenas o por las malas y recurriremos al Valedor do Pobo si es necesario", apuntaban a la entrada de las dependencias judiciales de A Parda.
Cuestionan que cuando se inició esta situación, entre 2002 y 2004, la cancelación de los cobros se estaban resolviendo a través de resoluciones de alcaldía, pero luego ya dejó de hacerlo. Con el tiempo hicieron uso de la vía judicial por lo contencioso administrativo que les da la razón a los comuneros "pero el servicio tributario del Concello, no. ¿Cómo es posible? eso ronda la prevaricación, aunque no queremos hacer uso de esa palabra, pero es que está haciendo una interpretación torticera de un criterio tributario sabiendo que no es así".
Entre estas comunidades de montes, la de Mourente se encontró el año pasado con la reclamación por IBI de más de 116.000 euros por el edificio del Hospital Montecelo, un terreno del que son titulares pero cuyo uso está cedido al Sergas.
"Queríamos solucionar la situación y solicitamos una reunión con los respectivos servicios jurídicos pero no se ha producido todavía. Inicialmente había disposición pero luego hubo cambio y el Concello dice que están aplicando criterios correctamente", explica Carlos Morgade, presidente de la comunidad de montes de esta parroquia.
Esta tesitura tan prolongada en el tiempo les está ocasionando perjuicios económicos a las comunidades de montes porque "los recursos están costando desde cientos hasta más de mil euros. Es un dinero que debería destinarse al cuidado del monte, pero como resulta que en ocasiones es más elevado recurrir que asumir el pago, se ha hecho, pero no puede ser así".
En el caso de Mourente la situación llega al punto de que "nos amenazan con un embargo, nos acaban de avisar hace pocos días que si no pagamos los 116.000 euros nos embargan la cuenta, ¿estamos de coña? porque ya son palabras mayores".