La Audiencia Nacional ha empezado a juzgar este jueves el último juicio pendiente contra el clan de Los Charlines por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, derivado de la bautizada como 'operación Repesca', que puso al descubierto el patrimonio sospechoso de tres generaciones distintas del clan familiar.
La causa se inició contra 13 personas, pero tres fallecieron durante la instrucción -el patriarca, Manuel Charlín Gama; su esposa, Josefa Pomares; y su hijo Manuel-, de modo que la acusación se seguía contra diez. Finalmente, sin embargo, tan solo se han sentando en el banquillo nueve.
El acusado José Tato Arca, uno de los cuatro ajenos a la familia, no compareció y se presentó un informe que recoge que presenta una "demencia sobrevenida" que le impide ejercer su derecho a la defensa porque tiene afectada el habla y el entendimiento. A petición de la Fiscalía, el tribunal acordó el archivo de la causa contra él.
En el banquillo se sentaron cuatro hijos del patriarca, Josefa, Teresa, Melchor y Óscar Charlín Pomares; sus nietas Natalia Somoza y Noemí Outón; los abogados Santiago Docampo y Roberto Adán; y el constructor Ramón Rodríguez Paz.
La primera sesión se centró en las cuestiones previas presentadas por las partes y, en especial, en la petición de los acusados para que se anule el proceso judicial y en que, en caso de que la causa siga, que se permita a los acusados declarar en último lugar.
Las defensas piden la nulidad basándose en la existencia de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa, que han hecho que haya pasado 13 años desde la detención de los acusados, 15 desde el inicio de la investigación; en la prescripción de algunos hechos; y en la incorporación a la causa de conversaciones confidenciales abogado-cliente de dos de los procesados.
Josefa Charlín pide el archivo de la causa por prescripción de los hechos y porque el sumario recoge "un centenar de conversaciones telefónicas de abogado-cliente" que "vulnera la confidencialidad" y supone un "intolerable menoscabo" del derecho de defensa. Además, apela a las dilaciones porque, en palabra de su defensa, "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía".
María Teresa Charlín y Natalia Somoza también apelan al "carácter prospectivo de la investigación". El origen de la operación Repesca está vinculado a estas dos acusadas, madre e hija, en 2008. La Justicia sacó a subasta la depuradora de Sochar, en A Illa de Arousa, propiedad de la familia para pagar la deuda que tenían con las 70 trabajadoras de la conservera Charpo. Las alarmas de los investigadores sonaron cuando pujó Natalia y Teresa y su hermano la acompañaron.
El resto de acusados, un empresario secundan las cuestiones previas plantadas, insistiendo en esas grabaciones de conversaciones que estarían protegidas por la confidencialidad abogado-cliente.
Al respecto, el fiscal, Luis Uriarte, ex fiscal Antidroga de Pontevedra, aseguró que en esas conversaciones "no se vulneran derechos fundamentales".