2023, el año en que el Supremo confirmó la presencia de ENCE en la ría hasta 2073

Pontevedra
30 de diciembre 2023

El 7 de febrero es la fecha en que el Tribunal Supremo hacía pública su resolución sobre la permanencia de la fábrica de ENCE en Lourizán confirmando su continuidad en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre hasta 2073. De esta forma, revocaba las sentencias de la Audiencia Nacional que anulaban la prórroga de la concesión otorgada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016

La fábrica de Ence vista desde la playa de Praceres
La fábrica de Ence vista desde la playa de Praceres / Mónica Patxot

La esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre la continuidad de ENCE en Lourizán se hacía pública el 7 de febrero, fecha determinante en este 2023.

La resolución judicial expone que la fábrica pastera puede seguir ocupando los terrenos de dominio público marítimo-terrestre hasta el año 2073. De esta forma, el Supremo revocaba las sentencias de la Audiencia Nacional que anulaban la prórroga de la concesión que el Gobierno de Mariano Rajoy otorgó en 2016.

El alto tribunal se basó en que existían informes ambientales favorables que avalaban la continuidad de la actividad industrial de ENCE en la ría de Pontevedra. La sentencia no fue unánime ya que se registró un voto particular de una magistrada n el que se advierte del "daño irreversible" al litoral. 

En todo caso, la decisión fue recibida después de años de tensión con una alegría desbordante por el personal de la factoría en la que no faltaron "sonrisas, lágrimas y llantos".

También Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, celebraba la resolución del Supremo manifestando que con ella ganaba "la sensatez y la legalidad".

Frente a estos posicionamientos, las partes contrarias a la permanencia de la pastera en los terrenos, se manifestaban sorprendidas

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, explicaba que la sentencia, gracias al voto particular, abría otras opciones de recurso. De esta forma, mantenía la idea de que el gobierno local del Concello de Pontevedra continuaría la lucha para anular la prórroga.

Por su parte, el colectivo ecologista Greenpeace mostraba su discrepancia con el Supremo al entender que la decisión "no protege la esencia del dominio público marítimo terrestre y la excepcionalidad de su ocupación".

La dirección de ENCE celebraba que se resolviera la incertidumbre sobre el futuro de la empresa en Pontevedra y anunciaba una inversión de más de 130 millones de euros en la factoría durante la próxima década, además de retomar el Plan Social que había quedado paralizado en los años previos asegurando que ahora durará el tiempo de vigencia de la prórroga.

Comisiones Obreras, el sindicato más batallador en la lucha por la permanencia de la fábrica, afirmaba que la sentencia suponía "un fracaso de Lores y del BNG".

INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES

El Concello de Pontevedra decidía el 13 de marzo presentar un "incidente de nulidad de actuaciones" con la intención de que la sentencia sobre ENCE volviera a la Audiencia Nacional y anunciaba que el exministro Francisco Caamaño asumiría la lucha judicial del Concello en las siguientes acciones judiciales.

La Asociación pola Defensa da Ría también decidía acudir a la Unión Europea denunciando la prórroga de la pastera.

Frente a esta postura, el CEO de ENCE, Ignacio de Colmenares, aseguraba que la sentencia del Supremo era definitva y que no cabía recurso. Por su parte Alfonso Rueda desde el ejecutivo gallego insistía en pedir a la administración local que deje a la empresa trabajar.

Finalmente, el 4 de julio se conocía que el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia y rechazaba los incidentes de nulidad presentados por el Concello y por el Estado. A pesar del revés, el alcalde de Pontevedra aseguró que seguirán buscando vías posibles para recuperar la ría.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Cuando las cuestiones jurídicas mejoraban para los intereses de la empresa industrial, ENCE admitía a finales de julio pérdidas de 4,2 millones de euros en el primer semestre del año. A este problema se sumaban las denuncias sindicales sobre los "recortes y despidos" que la entidad permitía en contratas y auxiliares que trabajan para la fábrica pontevedresa. Además, los trabajadores reclamaban inversiones inmediatas en las instalaciones, una vez confirmada la continuidad.

El 15 de septiembre el caso ENCE llegaba al Tribunal Constitucional, una vez que el Concello de Pontevedra formalizaba un recurso de amparo contra la decisión de consolidar la prórroga hasta 2073.

La empresa, a través de Antonio Casal, director territorial de ENCE en Galicia anunciaba que a principios de 2024 presentarán el plan estratégico de la compañía para los próximos años. En esas fechas, la entidad reconoce pérdidas de 24 millones de euros en el tercer trimestre por la bajada de precios de la celulosa.

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