Una de las consecuencias de la crisis financiera del 2008 se ha sufrido con intensidad este año: el cierre masivo de oficinas bancarias. Sucede en las ciudades pero se vive de manera más angustiosa en el rural donde algunos municipios se han quedado sin este servicio.
El motivo es que para los bancos ya no es rentable tener una sucursal en un pueblo donde la clientela es gente mayor que no pide créditos.
El riesgo de exclusión financiera fuerza a los mayores a tener que apañarse con internet. Se acabó la atención humana.
Los alcaldes de los distintos concellos de las Rías Baixas se han puesto al frente de las protestas para reclamar, fundamentalmente a Abanca, que mantenga estos servicios.
El regidor de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela llegó a proponer un "frente común de alcaldes". Se organizaron concentraciones en Marín, Campo Lameiro, Poio, Portas, se organizaron velatorios simbólicos, se recogieron firmas, se cancelaron cuentas, incluso hubo quien se encadenó en la entrada de la oficina bancaria... el rural declaró la guerra a los bancos y perdió.
Las sucursales cerraron y como consuelo dejaron un cajero automático o la visita periódica de una oficina móvil. Para tratar de frenar la desbandada la Xunta inyectó 2,8 millones de euros para que instalasen cajeros en concellos donde cerraban oficinas, una medida que la oposición consideró un obsequio encubierto.
Pero no ha sido esta la única lucha que encendió las protestas de la población del rural que también se movilizó por la invasión de parques eólicos en sus montes.
En Galicia están en marcha unos trescientos macroproyectos de aerogeneradores que, según la plataforma Eólica, Así Non, "provocarán un impacto irreparable" en el ecosistema y en el patrimonio.