Un total de 33 colectivos acaban de presentar alegaciones ante Portos de Galicia con el objetivo de introducir cambios en el proyecto de dragado del río Lérez.
Según explica en un comunicado el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA), Xaquín Rubido, las entidades reclaman una intervención más garantista desde el punto de vista ambiental y social, al tiempo que exigen medidas económicas que protejan a las personas que viven del mar mientras duren los trabajos.
Uno de los puntos que genera mayor rechazo es el destino de los materiales extraídos. Los colectivos se oponen frontalmente a que el vertido se realice en la conocida como "zona B", situada en el canal de entrada del afloramiento de la ría de Arousa.
En su lugar, proponen que los sedimentos sean almacenados en tierra en condiciones de seguridad e impermeabilidad. Si esta opción no fuera viable, sugieren como alternativa trasladarlos a la "zona A".
Las alegaciones también ponen el foco en la necesidad de conocer con mayor precisión a composición de los materiales a dragar.
En este sentido, solicitan estudios químicos y ecotoxicológicos más completos, con muestras tomadas la diferentes profundidades para reflejar fielmente el volumen de sedimentos que se pretende retirar. Además, insisten en medir la presencia de substancias potencialmente peligrosas, como el monometilmercurio.
En el plano económico, las organizaciones demandan garantías para sectores fundamentales como el marisqueo y el cultivo de moluscos. Reclaman que se evalúen y compensen los posibles daños tanto en la ría de Pontevedra como en la propia ría de Arousa, incluyendo también los efectos derivados de un posible aumento de las mareas rojas.
Otra de las preocupaciones expresadas tiene que ver con el comportamiento de las corrientes marinas y con el tiempo que el agua permanece en las rías, un factor que aumentó notablemente en las últimas décadas, según señalan. Por eso, consideran imprescindible un estudio detallado que permita prever como afectarán tanto el dragado como los vertidos al equilibrio ambiental.
Junto a esto, solicitan mejoras en el seguimiento de las obras, con un control continuo, transparente y con información periódica a las cofradías y al sector bateeiro. También proponen la creación de una comisión de seguimiento en la que participen administraciones y agentes sociales, desde antes del inicio de los trabajos y hasta dos años después de su finalización.
Por último, ante la imposibilidad de compatibilizar el dragado con la actividad extractiva, instan a la Consellería del Mar a modificar los planes de explotación para incluir la paralización del marisqueo durante las obras y establecer compensaciones económicas para todos los sectores afectados, evitando así situaciones de inseguridad jurídica.
En caso de que finalmente se mantenga el vertido en la zona B, las entidades proponen limitar su ejecución a los períodos del año con menor intensidad de afloramiento e instalar barreras físicas que reduzcan la dispersión de los sedimentos.