Nuevo capítulo en la novela de intriga que parece haberse instalado en la Cámara de Comercio de Pontevedra. Después de una jornada con despidos, cambio de cerradura, ambulancias, Policía Nacional o denuncia ante la Inspección de Trabajo, los cuatro empleados supuestamente afectados por la regulación laboral aseguran no haber recibido notificación oficial de su cese. Al mismo tiempo denuncian una persecución por haber recurrido a la justicia ante las supuestas irregularidades en la gestión de la institución.
En un comunicado remitido a los medios de comunicación los trabajadores han querido dejar claro que "no se ha seguido ningún procedimiento legal para notificar despidos", a lo que añaden "que se pretende apartar a las personas que han acudido a instancias administrativas y judiciales solicitando que se cumpla con la legalidad".
Los empleados supuestamente despedidos hacen también alusión al proceso judicial que salpica a la secretaria de la Cámara, Charo Lorenzo, asegurando que "ninguno de ellos se encuentra imputado en ninguna causa judicial por conductas presuntamente delictivas".
Según relatan estos trabajadores en el comunicado, lo acontecido en las instalaciones camerales el pasado viernes fue lo siguiente: "tras tener que ser asistido un compañero por los servicios médicos de urgencias sanitarias y trasladado al Hospital de Montecelo, ante los síntomas de un principio de infarto, es cuando terceras personas que decían actuar en nombre de la Cámara, conminaron en una habitación fuera de su puesto de trabajo, al Delegado de Personal a firmar unos documentos que no le dejaron leer y que cuando éste ante las presiones les indicó que no era ni el momento ni el lugar, ni sabía quienes le querían hacer firmar esos papeles, que tendría que leerlos previamente y no consideraba por la forma de dirigirse ni que fuese el procedimiento correcto, sintiéndose intimidado les informó que iba a llamar a la Policía, abandonando tras este anuncio del Delegado, estas personas precipitadamente las dependencias de la Cámara".