Cinco de los trabajadores que denunciaron las supuestas irregularidades cometidas en la gestión de la Cámara de Comercio, tres de ellos ya despedidos, tendrán que declarar ante la Fiscalía de Pontevedra el próximo 23 de enero. Será en calidad de testigos. Deberán ratificar la demanda que presentaron en su día por coacciones y acoso laboral, una conducta que vinculan a sus denuncias.
Pero este no es el único proceso judicial en el que está inmersa la institución cameral. Estos mismos cinco trabajadores presentaron otra denuncia judicial. Esta vez por lo que, entienden, son irregularidades en la gestión de los bienes de la Cámara de Comercio y la presunta ilegitimidad de los cargos directivos, entre ellos su actual presidente, Antonio Gómez Rivera. Una cuestión sobre la que, recientemente, informaron a la Consellería de Economía e Industria.
Estas dos demandas se suman al proceso judicial en el que está inmersa la secretaria de la Cámara, Charo Lorenzo. Este proceso, dirigido por la Fiscalía de Delitos Económicos, sigue su trámite. Se le imputa un posible delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Y, según las últimas informaciones, no se descarta que el caso termine implicando a más personas, dentro y fuera del organismo cameral.