Varios miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pontevedra han declarado este martes en calidad de imputados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra por un presunto delito contra la Administración de Justicia, coacciones y amenazas por su decisión del 26 de diciembre de 2012 por la que despidieron a tres trabajadores.
Esta declaración responde a la querella que impulsó el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, por la posible vinculación de esos despidos con las denuncias previas que realizaron los tres ex trabajadores y otros dos empleados que siguen trabajando en el ente por las presuntas irregularidades en la gestión de la Cámara.
El fiscal ha pedido la declaración como imputados de todas las personas que aquel 26 de diciembre de 2012 se reunieron y acordaron el despido, esto es, todos los miembros del Comité Ejecutivo que acudieron a la reunión; el ex presidente de la Cámara, Antonio Gómez Rivera (ahora jubilado); y la secretaria general, Charo Lorenzo.
Gómez Rivera y Rosario Lorenzo ya declararon como imputados en abril de 2013 y los tres trabajadores despedidos ya pasaron también por el juzgado en calidad de testigos, pero no había salido a la luz ninguna novedad más en relación con el proceso judicial ni con el resto de imputados.
Este martes fuentes judiciales señalaron que se habían producido nuevas declaraciones y el propio fiscal jefe ha confirmado que pasaron por el despacho de la jueza todos los imputados excepto dos. No ha trascendido el contenido de su declaración.
El 28 de diciembre de 2012, esto es, dos dìas después de aquella reunión, los tres trabajadores fueron despedidos alegando la Cámara razones económicas y organizativas. Los tres y otros dos habían presentado varias denuncias previas que propiciaron que el fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, abriese diligencias por las irregularidades y por un posible delito de negociaciones prohibidas a funcionarios en el que está imputada Charo Lorenzo.
Tras el despido, en enero de 2013, estos trabajadores denunciaron ante la Fiscalía que entendían que se había roto su contrato por represalias por las denuncias y que las causas de estos despidos no eran objetivas. Tras tomarles declaración, Juan Carlos Aladro decidió abrir un nuevo procedimiento por el citado delito contra la Administración de Justicia por el que este martes han prestado declaración.