"Alarmante", así califica la Confederación Española de Policía (CEP) las últimas decisiones adoptadas por el Concello de Pontevedra, que "sigue con su política de obstaculización de la vía pública, como vienen haciendo los últimos años, con la instalación de bolardos en diferentes calles de la urbe que impiden el acceso a los vehículos de emergencias" como coches policiales, bomberos o ambulancias.
La CEP califican esta medida del Concello como "imprudente y temeraria" y sugieren al gobierno local que aprenda de otras ciudades de la provincia como Vigo o Sanxenxo, que disponen en sus instalaciones de cierre que uno de esos bolardos sea mecánico con lector de matrículas, estando todas las placas de matrículas de los vehículos de emergencias en la base de datos municipal, por lo que no se impide el fundamental trabajo de los servicios públicos.
El secretario provincial de CEP en Pontevedra, Carlos Rodríguez Losada, lanza nuevamente la pregunta, "¿quién del Concello se responsabilizará si ocurre una desgracia y por culpa de no llegar a tiempo a un servicio de emergencias fallece una persona?", y recuerda que al igual que médicos, policías o bomberos pueden ser condenados por una negligencia, "el poner trabas a un servicio de emergencias u obstaculizarlo puede ser considerado un ilícito penal".
"Nos encontramos ante un sinsentido, y por eso reclamamos al Concello que recapacite y piense en la seguridad de los pontevedreses", remarca Carlos Rodríguez, quien además añade que desde el consistorio deberían promoverse otro tipo de iniciativas, como la creación de un servicio de recogida de animales en la vía pública, o la cesión de terrenos para la creación de una nueva comisaría de la Policía Nacional en la ciudad adaptada al siglo XXI y que dé un servicio de calidad a la ciudadanía.