Un alquiler fantasma en Pontevedra acaba en los tribunales

Pontevedra
26 de abril 2026

La Fiscalía Provincial de Pontevedra acusa a un hombre de estafar a un inquilino en Pontevedra al cobrarle casi 1.400 euros por el alquiler de un piso que no podía arrendar

Edificio de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la calle Rosalia de Castro
Edificio de la Audiencia Provincial de Pontevedra en la calle Rosalia de Castro / Diego Torrado

La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha solicitado la apertura de juicio oral contra un hombre acusado de estafar a un inquilino tras ofrecerle en alquiler una vivienda en la ciudad de Pontevedra que, en realidad, no podía arrendar.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando el denunciante contactó con el acusado a través de un anuncio publicado en Facebook.

Ambos acordaron el alquiler de un piso por 550 euros mensuales, con el pago de una fianza.

Siguiendo estas condiciones, el interesado realizó una primera transferencia de 550 euros, a la que sumó otros 49 euros en concepto de seguro, formalizando incluso un contrato por escrito al día siguiente.

Sin embargo, la situación comenzó a torcerse poco después. El acusado solicitó una segunda fianza por el mismo importe, que el inquilino consiguió gracias a un préstamo familiar y entregó en mano.

A continuación, exigió otros 250 euros por supuestos gastos de gestión, cantidad que también fue abonada.

La entrega de llaves nunca llegó a producirse. Aunque ambas partes habían fijado el 11 de abril como fecha para acceder a la vivienda, el acusado no se presentó ni volvió a dar señales claras.

Según la Fiscalía, todo formaba parte de un engaño pues el investigado no tenía capacidad legal para alquilar el inmueble y, desde el inicio, habría actuado con la intención de obtener dinero de forma ilícita.

Tras encadenar excusas durante semanas y no devolver ninguna de las cantidades (que suman 1.399 euros), el acusado dejó de responder a partir de mayo, sin que el perjudicado pudiera recuperar su dinero.

El Ministerio Público considera que estos hechos constituyen un delito de estafa agravada, al afectar a un bien de primera necesidad como es la vivienda.

Por ello, solicita una pena de cuatro años y medio de prisión, además de una multa económica.

Asimismo, reclama que el acusado indemnice a la víctima con 849 euros y a la persona que le prestó parte del dinero con otros 550 euros.