La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado ha aprobado una moción impulsada por la senadora del BNG, Carme Da Silva, para reclamar al Gobierno central que utilice los terrenos e inmuebles de titularidad estatal disponibles en Pontevedra con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda, especialmente mediante fórmulas de alquiler social.
La iniciativa, que salió adelante durante la sesión de la comisión, plantea que la Administración General del Estado movilice los recursos inmobiliarios de los que dispone en la ciudad para contribuir a paliar las dificultades de acceso a la vivienda.
El texto defiende que esta actuación debe desarrollarse en coordinación con las administraciones competentes, respetando las atribuciones de la Xunta y del Concello de Pontevedra.
Durante el debate, Da Silva argumentó que el Estado cuenta en la ciudad con diversos terrenos y propiedades que podrían destinarse a usos residenciales públicos.
Entre ellos citó la Finca do Teucro, una parcela situada en la Avenida de Uruguay, así como suelos en las zonas de Campolongo y Mollavao.
Según defendió la representante nacionalista, la incorporación de estos espacios permitiría incrementar la oferta de vivienda pública en distintos puntos de la ciudad.
La moción aprobada también insta al Ejecutivo a formalizar un convenio de colaboración con la Xunta para promover y gestionar las futuras actuaciones residenciales.
El objetivo es que las viviendas resultantes de desarrollos en terrenos procedentes de la SAREB y de los ministerios de Hacienda y Defensa se integren en un parque público de vivienda de carácter permanente.
Asimismo, el texto reclama la elaboración de un estudio específico para identificar y catalogar las viviendas vacías o infrautilizadas pertenecientes al Ministerio de Defensa en Pontevedra, con vistas a su posible incorporación a la oferta pública de vivienda.
El BNG también aprovechó el debate para reclamar mayor transparencia sobre determinados activos inmobiliarios de la SAREB que, según la formación, todavía no han sido transferidos a CASA47 y continúan siendo gestionados por empresas privadas.
Los nacionalistas piden garantías de que estos terrenos no se destinarán a promociones privadas y que pasarán a formar parte del patrimonio público destinado a políticas de vivienda.
La formación sostiene que el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de la ciudad y considera que la movilización de suelo e inmuebles públicos es una de las herramientas más eficaces para aumentar la oferta residencial a precios accesibles.