El Bloque Nacionalista Gallego acaba de registrar iniciativas en las Cortes del Estado para reclamar al Gobierno de España que rechace cualquier posibilidad de utilizar las rías gallegas, y en particular a Ría de Arousa, como punto de depósito de materiales procedentes de dragados portuarios.
La propuesta del BNG, según explica el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclama además la clausura definitiva del punto de vertido situado en las inmediaciones de la Isla de Sálvora, así como la realización de estudios ambientales que permitan evaluar el impacto ecológico y económico de este tipo de prácticas sobre un ecosistema de alto valor.
Néstor Rego denuncia que "la elección de este punto de vertido no se hizo con criterios ambientales ni con participación pública, sino que responde a una política de hechos consumados que ignora tanto la riqueza natural de la zona como los intereses del sector pesquero y marisquero".
La iniciativa nacionalista recuerda que en el año 1998 el Ministerio de Fomento habilitó este punto de vertido "sin realizar exposición pública ni contar con informes ambientales accesibles", a pesar de que se sitúa dentro de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), a menos de dos millas de la Isla de Sálvora que es parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas y muy cerca de caladeros tradicionales.
"A pesar de su evidente importancia ecológica y económica, ese punto fue utilizado durante años por Puertos del Estado y por Portos de Galicia sin estudios rigurosos ni seguimiento de los efectos a medio y largo plazo. Hablamos de millones de metros cúbicos de lodos depositados en el fondo marino sin que se conozcan sus impactos reales" alerta Néstor Rego.
En su iniciativa, el BNG advierte también sobre la propuesta del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), dependiente de los ministerios de Transportes y Transición Ecológica, que propone de nuevo como "prioritario" el mismo punto de vertido en Sálvora para los residuos del dragado del Lérez, que fuera rechazado en 2021 y que el sector pesquero había vetado con contundencia en 2019.
"No podemos consentir que uno de los ecosistemas marinos más ricos de la península se convierta en un vertedero subacuático" remata Rego.