El secretario comarcal de Comisiones Obreras en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, criticó el "paso atrás" del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, respecto al indulto de Ana Outerelo y Tamara Vidal, las dos trabajadoras del complejo deportivo de Campolongo que resultaron condenadas a tres años de prisión por un delito de coacciones en el marco de una protesta laboral.
El secretario comarcal de Comisiones Obreras recordó que el pasado 7 de julio el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras reunirse con los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se había comprometido a estudiar las peticiones de indulto para 3 sentencias de 3 años y un día de prisión a seis sindicalistas por delitos contra los derechos de los trabajadores (por la supuesta realización o participación en piquetes).
Eran los casos de las pontevedresas Ana y Tamara y dos sentencias condenatorias más en Vigo y Granada.
"Existía xa un acordo para que os indultos saísen adiante ao rematar o verán pero estanse a alongar excesivamente ata o punto de deixar en evidencia ao PP local que hai mes e medio anunciou a bombo e prato que ese tema xa estaba feito... e aínda seguimos esperando", dijo García Pedrosa.
"Evidentemente sobre o que estaba falado como consecuencia do clamor social e das mobilizacións feitas si que supón un paso atrás sobre unha cuestión que xa estaba máis ou menos dicidida", añadió el secretario comarcal de CC.OO.
El propio vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda se refirió este lunes en Marín a la situación de Ana y Tamara insistió en que la última vez que preguntó por la situación de las pontevedresas le trasladaron desde el Ministerio de Justicia que "as perspectivas para a concesión do indulto eran positivas" aunque añadió "cando se vaia tomar esa decisión ou non, non me corresponde ao meu dicilo".
Alfonso Rueda trasladó su deseo de que este indulto llegue "canto antes" y recordó que esta medida de gracia cuenta con todos los pronunciamiento favorables, con miles de firmas en favor y el apoyo de las autoridades políticas y judiciales de toda Galicia.
CODIGO PENAL
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT exigen al Gobierno la derogación del artículo 315.3 del Código Penal cumpliendo con el compromiso del anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, puesto que la enmienda presentada por el Ejecutivo al proyecto de Código Penal que se encuentra en trámite arlamentario "continúa criminalizando a los piquetes de las huelgas por ejercer un derecho constitucional".
La reforma que impulsa ahora el Gobierno sigue considerando un delito el ejercicio de este derecho a la huelga, aunque se rebaja la pena.