El juzgado de instrucción número 2 de Cambados celebró este miércoles la vista previa por un presunto delito de cohecho relacionado con los supuestos sobreprecios de los alquileres de unos bajos comerciales en Vigo por los que están implicados el actual presidente de la Federación Galega de Fútbol y expresidente de la Deputación de Pontevedra, su esposa y el exdiputado provincial Severino Reguera.
Rafael Louzán restó importancia a la cita de hoy en los juzgados de Cambados al afirmar que "estamos ante unha cuestión de trámite" y describió este proceso como "un longo peregrinar".
En esta ocasión ha sido la Fiscalía y los abogados de las defensas quienes han tenido protagonismo en esta cita ante el juez que se prolongó durante algo más de una hora.
Según Louzán, su defensa está "moi ben argumentada e moi ben documentada" y cree que "todo está perfectamente claro" ya que la justificación entregada "non pode ser máis contundente".
Ahora está en manos del titular del juzgado de instrucción número 2 de Cambados decidir si abre el juicio oral con tribunal popular previsto en estos procesos penales, si archiva el caso, o bien si continua con la investigación para que las defensas puedan aportar más pruebas.
Rafael Louzán comentó que "curiosamente" a lo largo de todo este proceso "xa pasaron bastantes xuíces por este xulgado".
"Creo sinceramente que este caso se existe é porque me chamo Rafael Louzán e fun presidente da Deputación", ha dicho Louzán, convencido de que "non hai base ningunha, nin xurídica, nin técnica nin documental que poida acreditar a existencia dun delito".
En el caso de que el juzgado decida la apertura de juicio oral, Louzán cree que "aí teremos máis oportunidade mesmo de poder explicar" que si se hace un sobreseimiento definitivo al respecto.
Entre otros argumentos los letrados señalaron el precio de los alquileres de los locales de la zona "con prezos similares ou máis caros", y recordó que junto a su esposa tomó la decisión de comprar tres locales "como un investimento e subscribimos un préstamo hipotecario ata o ano 2023 e fóra de aí non hai nada máis", aseguró.
Louzán también informó que las defensas reprocharon ante el juez que "estamos ante un xuízo claramente político" algo que, según el expresidente de la Deputación de Pontevedra, también le han señalado muchos ciudadanos por la calle e incluso algunos adversarios políticos "que me preguntan, como se sostén isto? ".
Rafael Louzán: "estamos ante un xuízo claramente político"
"Comprei eses tres locais porque un amigo e veciño de Ribadumia tamén comprou ao lado e recomendoumo, era un investimento perfecto", ha recalcado Louzán. Un poco después también compró Severino Reguera, "unha cousa do máis normal e do máis habitual. Estamos nun libre mercado", puntualizó Louzán.
Las defensas también criticaron que la estimación de la existencia de un sobreprecio en el alquiler de estos locales está hecha en base a una prospección de mercado de dos agentes de la Policía Judicial, mientras que estos abogados aportaron una serie de contratos "que deixan en evidencia todo iso" y llamaron la atención en el hecho de que la Agencia Tributaria nunca se hubiese manifestado sobre esta situación.
"Eu creo que pago anualmente entre 50 e 60 mil euros en impostos", comentó Louzán respecto a sus ingresos en concepto de nómina, estos alquileres y venta de uva.
En la instrucción de este caso también figura un informe de la empresa tasadora Tinsa que recoge que, años después de la firma del contrato de alquiler hubo una baja en los precios de la zona de un 35%.
"É unha causa moi sorprendente, non se entende nin se explica", insistió Rafael Louzán
"É unha causa moi sorprendente, non se entende nin se explica", ha insistido Rafael Louzán, reafirmándose en su tesis de que "isto é un xuízo político por chamarme Rafael Louzán, porque se eu fose un cidadán normal este caso non existe".
Terminada la fase de instrucción, con toda la documentación aportada y los testimonios que reclamó el juzgado, incluida la propia cooperativa de viviendas MonteAlba, el expresidente del Partido Popular en la provincia de Pontevedra ahora solo espera "que todo isto acabe canto antes".
"Creo que todos os cidadáns somos absolutamente iguais ante a lei e ter o mesmo trato e non diferente por ser presidente da Deputación ou un cargo público nesta provincia", ha concluido.