El expresidente de la Deputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, se sentará finalmente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial ante un jurado para rendir cuentas por un presunto delito de cohecho impropio por el proceso judicial abierto a raíz de los supuestos sobrecostes en los alquileres de tres bajos e la zona de Navia, en Vigo.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados ha acordado la apertura de juicio oral contra Rafael Louzán por un delito continuado de cohecho impropio; contra su esposa, Teresa Cores Fernández, por cohecho impropio; y contra el exdiputado del PP en la Deputación por Pazos de Borbén Severino Reguera Varela, en su caso por un delito continuado de cohecho pasivo. .
El auto, dado a conocer este miércoles, señala como órgano competente para el enjuiciamiento al tribunal del jurado de la Audiencia de Pontevedra y contra el mismo no hay posibilidad de recurso.
Louzán podrá llegar a ser condenado a una pena de un año de prisión en función del escrito de acusación presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos, en el que añade que debe ser condenado también a la suspensión de empleo y cargo público durante dos años y tres meses. De todas formas, en la actualidad, el procesado ya ha dejado todas sus responsabilidades políticas y no ostenta cargos públicos.
El fiscal considera que la esposa de Louzán, Teresa Cores Fernández, es cooperadora necesaria para que su marido cometiese el soborno pasivo, y pide que sea condenada a nueve meses de prisión y 14 meses de suspensión de empleo y cargo público. Severino Reguera pide que sea condenado a un año de prisión.
Los hechos de los que le acusa tienen su origen en el año 2008, cuando Louzán y Teresa Cores reservaron cinco locales en la calle Teixugueiras de Vigo y finalmente compraron tres por 460.122,5 euros y cedieron la compra de los otros dos a Severino Reguera y su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera les prestó 103.748,42 euros.
El fiscal, Augusto Santaló, concluye que Louzán y su esposa compraron los bajos sabiendo desde el principio que el precio de compra y la hipoteca iban a ser pagados por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en la Deputación y en el PP y cuya proyección económica depende de Louzán. En su opinión, se trata de un "trato de favor" de Severino Reguera a quien entonces era presidente de la Deputación y de su partido fruto de una operación de compra inmobiliaria que "se planeó entre los señores Reguera y Louzán y su esposa".