Tres representantes sindicales acudieron este martes a declarar ante el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, en calidad de investigados por supuestas coacciones durante la huelga de la justicia. Ellos son Enrique Araújo (de STAJ), Fina Iglesias y Pablo Valeiras (ambos de Alternativas na Xustiza-CUT).
"Estamos a vivir unha represión da Xunta de Galicia protagonizada tamén polo sindicato SPJ-USO coa axuda da Fiscalía", ha afirmado Enrique Araújo en referencia al origen de la investigación que achaca a una denuncia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia presentada por un delegado de Ourense del sindicato SPJ-USO por supuestas coacciones el día de la votación del acuerdo. El tribunal remitió a la Fiscalía de Pontevedra la denuncia.
Para apoyar a sus compañeros investigados medio centenar de trabajadores ha protagonizado este martes una concentración de protesta a las puertas del edificio de los juzgados de A Parda, donde tiene su despacho el fiscal jefe "amiguísimo de Rueda". A todos ellos Enrique Araújo les ha comentado que "non nos gusta estar nesta situación pero estamos tranquilos porque sabemos que dos feitos que nos imputan non ocorreu absolutamente nada".
En concreto citó que no hubo "ningún tipo de coacción" a los miembros de la mesa electoral, ni a los representantes de otros sindicatos, "non se lle pediu o voto a ninguén nin se tentou presionar absolutamente a ninguén para que cambiase o sentido do seu voto", ha añadido el delegado de Staj.
Enrique Araújo ha reprochado a la Fiscalía que esté "actuando como unha parte implicada neste proceso" y criticaron las actuaciones que está llevando a cabo, algo que su compañero Pablo Valeiras no ha dudado en calificar de operación de "caza e captura de tres sindicatos que estivemos en contra do preacordo" y que ha enmarcado en un "xogo de poder".
Pablo Valeiras también ha expresado su "tristeza como sindicalista" por la actitud de un "sindicato amarelo" como identificó a SPJ-USO a quien ha acusado de colaborar junto a Comisiones Obreras, UGT y CSIF en un "peche en falso" del conflicto laboral en la administración de Justicia gallega.
Finalmente Fina Iglesias ha declarado que como sindicalista "mi deber es defender los derechos de los trabajadores, que fue lo que hice durante todo el tiempo de la huelga" enmarcando la "tensión" vivida en la jornada de votación del preacuerdo como "algo normal ya que la gente estaba enfadada" por la "traición" y el "desgaste" de tres meses de paro.
"No tengo nada por lo que arrepentirme", ha insistido Fina Iglesias.