Los juzgados de Pontevedra tardan de media 65 días en admitir a trámite las demandas presentadas por la ciudadanía para reclamar a los bancos los gastos que asumieron a la hora de formalizar las hipotecas y que han sido calificados como abusivos.
El dato lo ha dado a conocer la compañía de servicios legales reclamador.es, que añade que en Vigo una persona afectada ha esperado, de media, en 2025, 70 días.
Lois datos varían en función del juzgado y deja en algunas ciudades esperas mucho más largas. Así, por ejemplo, en Madrid, los demandantes ha esperado, de media, 1.963 días desde la presentación de la demanda.
En Cádiz la espera ha sido de 507 días y en Barcelona, de 450 días.
En Galicia, Pontevedra está por debajo de Vigo y de A Coruña, donde se ha tardado, de media, 78 días en admitirse por el juzgado las reclamaciones de gastos de hipoteca. En Ferrol el premio es inferior, de 43 días.
A estos plazos hay que sumar todo el proceso judicial posterior hasta que el afectado por gastos hipotecarios recupera finalmente su dinero.
A ese plazo hay que añadir lo que tarda cada juzgado en dictar sentencia, lo que tarda el banco en depositar las cantidades a las que son condenados y lo que tarda el juzgado en realizar la gestión de entrega de las cantidades, proceso que se alarga nuevamente durante meses.
Según esta misma compañía, los afectados por gastos de formalización de hipotecas están recuperando, de media, más de 1.200 euros. Y cuanto más tiempo tarda en resolverse el caso, mayores son los intereses que se recuperan.
Irene Becerra, directora legal de reclamador.es, valora que "los consumidores se encuentran en una clara situación de desventaja en función del juzgado que les corresponda", pues personas que iniciaron sus procesos de reclamación en 2020 o 2021 en Madrid están recibiendo ahora las comunicaciones de admisión a trámite.
Piden "una solución a las distintas administraciones implicadas", pues son miles las personas afectadas por los retrasos de algunos juzgados y "por la estrategia de numerosos bancos de alargar los procesos y obligar a acudir a los tribunales para anular cláusulas claramente abusivas".