El representante de la CIG, Xabier Aboi, denuncia la firma de un convenio entre los concellos de Ponte Caldelas, A Lama y Fornelos con Álvaro Barreiro, responsable de la empresa BDM que está siendo investigado por la Fiscalía después de que se hubieran interceptado dos ambulancias con documentación falsa además de medicamentos y otro material sanitario caducado, como responsable de un nuevo grupo de Protección Civil para realizar servicios en estos concellos en los que, según denuncian desde el sindicato nacionalista, se están utilizando las ambulancias en desuso de BDM.
Para Aboi resulta preocupante que estos concellos firmen este convenio con "un presunto delincuente" amparados por las consellerías de Sanidade y de Presidenica, de la que dependen las organizaciones de Protección Civil. El representante sindical considera grave que se conceda estos servicios con la cesión de instrumental y maquinaria de carácter público.
Desde el sindicato se reclama a la Fiscalía que actúe contra Álvaro Barreiro, de quien denuncian que cuenta con dos expedientes sancionadores y que no pagaron ninguna de las sanciones y tampoco se aportaron los pagos de los despidos de siete trabajadores de la empresa. Aboi indica que la Consellería de Sanidade reconoce que los datos sobre las irregularidades de la empresa son ciertos y reclama que expliquen cuántas sanciones fueron abonadas y por qué la Consellería no actuó ante estas situaciones en las que las ambulancias carecía de certificados técnicos sanitarios y de seguros mínimos. Se pregunta también por qué la Fiscalía solo llamó a declarar Álvaro Barreiro y a su socia Berta Darriba en lugar de pedir declaraciones de los trabajadores, de los pacientes y de empresas que le daban trabajo a estas ambulancias.
La CIG solicitará al BNG que pregunte en los plenos de esos tres concellos por la firma de este convenio y se vuelve a preguntar qué relación mantiene este empresario con el Partido Popular para que cuente con protección de la Xunta de Galicia a pesar de la investigación abierta.