Las Ría Baixas fueron durante los últimos días un punto de acción de la última operación antidroga realizada por Guardia Civil y la Agencia Tributaria a nivel estatal.
Denominada como operación Silbo, ha permitido desarticular una de las organizaciones criminales más activas con epicentro en el archipiélago canario, en lo que al narcotráfico se refiere, y se incautaron 2.185 kilos de cocaína, armas de fuego modificadas en perfecto estado de uso, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y 5 embarcaciones (barco pesquero, un velero y 3 lanchas rápidas), así como el bloqueo de bienes muebles e inmuebles por valor de más de 2 millones de euros.
Fueron detenidas 34 personas y se realizaron cerca de 40 registros en las islas de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y en Madrid, Barcelona, Pontevedra, A Coruña y Málaga.
En las Rías Baixas, uno de los detenidos fue el que está considerado como el jefe de la rama gallega de la organización. Lo arrestaron en Sanxenxo. En la provincia coruñesa, la actuacióni fue el registro de un barco por la zona de O Barbanza.
En Galicia intervinieron 32.000 euros en el falso techo de una casa, otros 34.000 caleteados en el coche y 1,2 millones en un banco pesquero y no hubo ninguna incautación de droga, sino que, según fuentes de la investigación, a esta persona la vinculan con un trabajo realizado por la zona Sur de España.
La investigación, iniciada hace ya más de dos años por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha contado con la colaboración de la administración para el control de drogas estadounidense, DEA, así como con la de la Policía Judicial de Cabo Verde, todo ello coordinado por EUROPOL.
El origen de esta investigación se centró en la figura de un empresario tinerfeño de 42 años relacionado con los sectores del ocio nocturno, la restauración y la construcción principalmente, también con varias empresas en el extranjero, todo ello utilizado, como han podido corroborar los investigadores, para dirigir una compleja organización criminal desde las Islas Canarias, para introducir importantes remesas de estupefacientes a nivel regional, nacional e internacional.
Paralelamente a su gestión empresarial, negociaba directamente la entrega de notorias cantidades de cocaína desde barcos nodriza procedente de Sudamérica a otras embarcaciones por él gestionadas, para su posterior entrada en el archipiélago canario principalmente.
Los investigadores incautaron dos remesas de notoria relevancia con destino a Santa Cruz de Tenerife, una de ellas de 500 kilos de cocaína en enero de 2024, en una embarcación que la había transbordado previamente desde un buque procedente del continente sudamericano, y posteriormente, en el mes de noviembre del mismo año, otra de 1.600 kilogramos de la misma sustancia.
En este segundo caso, el cabecilla de esta organización criminal, había dispuesto un barco pesquero en Guinea Bissau, junto a un socio afincado en Galicia, con la intención de abastecerse del estupefaciente de la misma manera que la anterior aprehensión, aprovechando la conocida “ruta africana de la cocaína”.
También contaba con infraestructura marítima y terrestre en otras islas del archipiélago, empleadas para recibir importantes cantidades de hachís procedente de Marruecos, las cuales eran enviadas a Reino Unido, consiguiendo un rápido retorno de beneficios económicos, detectándose por parte de los investigadores, varias reuniones con personas de nacionalidad británica en la Costa del Sol, relacionadas con el tráfico de drogas en ese país.
La investigación económica desarrollada de forma paralela ha permitido conocer que el principal responsable de la organización había construido un entramado societario para el blanqueo.
El grupo criminal desarticulado utilizaba la figura de una persona de nacionalidad cubana y otra colombiana, ambos con formación militar, los cuales ejecutaban acciones violentas sobre determinados objetivos para hacerse con activos de distinta índole, llegando incluso a forzar a un tercero en el sur de la Isla de Tenerife, para apropiarse de unos terrenos en el municipio de Candelaria.
Se intervino un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de El Escobonal, en la isla de Tenerife, donde almacenaban gran cantidad de productos químicos altamente nocivos para la salud, así como los utensilios necesarios para el procesado y adulteración de la cocaína.