Dignidade Avogacía Pontevedra salió este lunes a la calle para poner en valor el turno de oficio y denunciar la precariedad que, según el colectivo, arrastra este servicio público esencial.
La acción, organizada con motivo del Día de la Justicia Gratuita, celebrado el 12 de julio, consistió en una mesa informativa instalada en la Praza da Peregrina, donde entre las 12:00 y las 13:30 horas se repartieron folletos y se atendió a las personas que quisieron acercarse para conocer mejor su funcionamiento.

La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación en el sector, marcado por el debilitamiento progresivo del sistema que podría dejar a ocho comunidades autónomas en situación crítica para garantizar el servicio en 2030.
En este sentido, la abogada Esther Blanco explicó que el turno de oficio es "un servicio público esencial, reconocido constitucionalmente", cuya prestación corresponde a las administraciones públicas y se articula a través de los colegios de la abogacía y de los profesionales que se inscriben voluntariamente.
Subrayó además que cada vez son más las personas que recurren a este sistema porque no disponen de recursos suficientes para litigar, lo que incrementa la carga de trabajo de los letrados.
Blanco señaló también que el turno de oficio cubre todos los órdenes jurisdiccionales, incluyendo la asistencia a detenidos y de los asuntos vinculados a la violencia de género o doméstica; procedimientos civiles como separaciones, custodias, reclamaciones de cantidad, arrendamientos o incapacidades; litigios contencioso-administrativos frente a la Administración; asuntos laborales como despidos o salarios; y también materias mercantiles, entre ellas la ley de segunda oportunidad.

La abogada añadió que a esa carga se han sumado nuevas obligaciones, como los MASC -medios adecuados de solución de controversias-, que exigen acreditar un intento de acuerdo previo antes de acudir a la vía judicial.
El problema, denunció, es que estas actuaciones no cuentan con una dotación presupuestaria específica y terminan siendo asumidas por los propios abogados, que pagan de su bolsillo gestiones como burofaxes, telegramas o cartas de reclamación.
En este sentido, criticó que apenas se aplica el IPC, algo que calificó de "escándalo", a la vez que denunció que la Xunta acabó aprobando el texto por decreto, al sostener que no había voluntad negociadora, una afirmación que "tampoco es cierta".

La representante de Dignidade Avogacía Pontevedra insistió en que el problema no es solo de cuantía, sino también de reconocimiento de muchas tareas que directamente no se pagan o se retribuyen de forma insuficiente, como es el caso de los recursos judiciales, de los que en ocasiones solo se abona uno pese a realizar varios, o determinadas diligencias complejas, como entradas y registros, que pueden estar remuneradas con cantidades muy bajas. También señaló que las guardias de 24 horas no se compensan por disponibilidad y que los desplazamientos corren a cargo del profesional.
Tal y como advirtió, esta situación está provocando una caída progresiva del número de letrados adscritos al turno de oficio. La propia Abogacía Española ha alertado de que el servicio puede entrar en riesgo en varias comunidades si no se corrigen los baremos y la financiación.
En este sentido, y según el XX Informe del Observatorio de Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española, desde 2020 el turno de oficio ha perdido más de 6.400 abogados, lo que supone un descenso del 14,1% que deja en 38.871 el número actual de profesionales adscritos en toda España. Si nada cambia, en 2030 quedarían menos de 33.000 letrados prestando este servicio.

A la vez que eso ocurre, el reclamo de justicia gratuita aumenta cada año y, con ello, la presión sobre quienes permanencen en el turno. La estimación del informe es que la carga media pasará de 28 asuntos por abogado en 2025 a casi 45 en 2030, lo que supone un incremento cercano al 60%.
Esta situación ha obligado al Consejo General de la Abogacía a reclamar una reforma urgente de la ley de asistencia jurídica gratuita, al considerar que el sistema está al borde del colapso por la insuficiencia de recursos, la falta de actualización de las retribuciones y las desigualdades territoriales.
La acción desarrollada en la plaza de la Peregrina tuvo así como objetivos acercar a la ciudadanía la realidad del turno de oficio y reclamar una mejora de sus condiciones. "Es un servicio esencial, pero no se está tratando como tal", resumió Blanco, que defendió la necesidad de dignificar una labor que "resulta imprescindible para garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones".
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