Una asamblea de trabajadores del Tribunal de Instancia de Pontevedra, convocada en la sala de bodas del edificio judicial de A Parda por las organizaciones sindicales SPJ-USO, STAJ, CSIF, UGT y CCOO, acordó exigir a la Dirección Xeral de Xustiza la puesta en marcha de medidas urgentes ante la situación que atraviesa el partido xudicial.
Según las fuerzas sindicales, que representan la mayoría del sector, la implantación de este nuevo modelo se está llevando a cabo sin la planificación ni los recursos necesarios, lo que sitúa el servicio al borde del bloqueo.
El personal señala carencias estructurales directas en áreas prioritarias del ámbito judicial, como la ejecución civil, la jurisdicción social, el servicio de notificaciones y la programación de juicios penales.
De acuerdo con las conclusiones de la reunión, la falta de dotación de puestos de trabajo en estos departamentos genera retrasos en procedimientos que afectan a materias relacionadas con derechos fundamentales, reclamaciones laborales, herencias y procesos de violencia, cuyo trámite requiere agilidad por ley.
A la falta de efectivos humanos se suman los problemas organizativos dentro de las instalaciones de A Parda.
Los sindicatos señalan que la distribución física actual origina problemas de desorientación entre la ciudadanía y los profesionales de la procuradoría a la hora de ubicar las oficinas donde se tramitan los distintos asuntos judiciales.
El documento subraya que las aplicaciones informáticas de gestión procesal no han sido actualizadas conforme a las reformas legislativas vigentes ni se han adaptado a la configuración de las nuevas plazas.
El colectivo de trabajadores vincula la gestión de la administración autonómica con una pérdida de condiciones laborales, derivada de la supresión del teletrabajo, el incremento de la repartición de tareas, el exceso de jornada y la disminución de la movilidad del personal.
Los representantes sindicales recalcan que su protesta no se centra en demandas retributivas, sino en la necesidad de corregir el deterioro del servicio público para asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva.
Ante esta situación, las demandas comunes presentadas por los cinco sindicatos se centran en la ampliación de las plantillas mediante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la dotación de medios materiales adecuados a la normativa procesal actual, la creación de equipos estructurales para equilibrar el reparto de cargas de trabajo y la aplicación inmediata de medidas de choque con el nombramiento de personal de refuerzo.
Las organizaciones sindicales advirtieron que, si la Dirección Xeral de Xustiza no inicia un proceso de negociación para atender estas mejoras organizativas, activarán un calendario de protestas.
Con estas medidas, el personal busca trasladar el conflicto a la opinión pública y requerir a la Xunta de Galicia el nombramiento de interlocutores para dar respuesta a las demandas del sector judicial en Pontevedra.
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