La tramitación para el dragado del río Lérez, en el puerto de Pontevedra, afronta este mes de marzo la apertura del período de información pública del estudio de impacto ambiental.
El proyecto, que busca recuperar el calado en el canal de acceso y en las dársenas del Club Naval y As Corbaceiras, permanecerá en fase de exposición para alegaciones hasta finales de marzo, fecha en la que también expira el plazo para que una treintena de organismos remitan sus informes sectoriales.
El presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, informó este martes 3 en la Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo sobre la situación actual de estos trabajos.
Según explicó, la administración autonómica solicitó el posicionamiento de diversas entidades de la Administración General del Estado, de la Xunta y del Concello de Pontevedra.
Álvarez señaló que los informes recibidos en las últimas semanas por parte del Ministerio de Pesca y de la Dirección Xeral de Costas presentan criterios diferentes respecto al punto de depósito de los materiales en comparación con el documento emitido en agosto por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).
Aquel primer informe del MITECO situaba el vertido en el punto B, a 1,8 kilómetros del exterior del E8 y a más de 100 metros de profundidad. Los nuevos informes técnicos del Gobierno central muestran ahora preferencia por el punto E8 o la posibilidad de emplear cualquiera de los dos indistintamente.
Las prospecciones realizadas en 2009, 2015, 2020 y 2024 determinaron que los sedimentos que se extraerán del río son arena de categoría A, la de mayor calidad. Esta clasificación, validada por el CEDEX y por distintos departamentos del Ministerio de Transición Ecológica, implica que la normativa estatal obliga a devolver estos áridos al mar.
Para garantizar la preservación del entorno, el proyecto incorpora un Programa de Vigilancia ambiental dotado con 400.000 euros.
Esta partida económica se destinará al seguimiento ambiental antes y durante la ejecución de las obras. Se prevé la puesta en marcha de un plan de gestión para mantener la comunicación con los colectivos interesados, como el sector marisquero y los clubes recreativos.
Desde la oposición, la parlamentaria socialista Paloma Castro vinculó la situación actual del proyecto a una estrategia de confrontación política.
Según la representante del PSdeG, Portos de Galicia retrasó cinco años el envío de las propuestas de puntos alternativos de dragado al Gobierno central. Castro sostiene que la administración autonómica conoce la imposibilidad de iniciar el movimiento de tierras antes de 2027, pese a las demandas del sector.
La diputada subrayó el impacto negativo que la acumulación de sedimentos tiene en la biodiversidad y en la economía local, afectando específicamente al turismo y a la actividad deportiva del Club Naval. Señaló que la falta de calado impide que los piragüistas utilicen el río durante las mareas bajas, lo que perjudica a una disciplina referencial para la ciudad.
Por su parte, el diputado del BNG, Luís Bará, calificó de necesaria la obra para el marisqueo y la navegabilidad, pero indicó que el proyecto acumula dos décadas de tramitación sin resultados.
Bará recordó que la Xunta asumió la competencia en 2010 y que, incluso en periodos de coincidencia de gobiernos del mismo signo en Santiago y Madrid, no se logró avanzar en la ejecución.
El representante nacionalista puso el foco en el destino de los sedimentos: "o Parlamento galego instou en 2020 á Xunta a realizar unha proposta para o tratamento en terra dos lodos que non sexan susceptibles de rexeneración pola súa carga contaminante".
Bará cuestionó por qué materiales que en su día provocaron el rechazo de las confrarías de Pontevedra para ser depositados en la zona de Tambo se pretenden verter ahora en la boca de la ría de Arousa, un entorno que considera que está viviendo una situación de emergencia productiva y ambiental.